Con esas palabras se dirigió
la Procuradora de Familia de La Guajira, Maritza Brito, al gobernador del
departamento y a los alcaldes que en su mayoría asistieron a la jornada que
busca mejores beneficios para niños, niñas y adolescentes.
Dijo que ese tema es mucha
importancia para ella y como tal la tiene preocupada  “No tenemos porque dejar a nuestros
adolescentes en libertad, porque han violentado la ley penal, pero por falta de
medios para que se cumplan las audiencias regresan a la calle”.
Es un problema que se ha
convertido con el cuello de botella con algunas alcaldías, que suscriben un
convenio centro internamiento preventivo, pero no está funcionando óptimamente.
Indicó que han tenido que
dejar a los adolescentes en libertad, por falta de compromiso de algunas
alcaldías, de sufragar los gastos para el traslado de nuestros adolescentes.
Precisó Brito que ellos
tienen un máximo 5 meses para estar en encerramiento preventivo, pero lo
triste, es que los dejan en libertad y a los 15 días ya están nuevamente en el
centro. Porque si un adolescente delinque reiteradamente es porque el Estado no
ha cumplido con su misión”.
Igualmente manifestó que se
le están violando los derechos fundamentales como es la resocialización de los
menores y recordó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes
prevalecen sobre los demás.
Maritza Brito.
“Le hago un llamado de
verdad a los señores alcaldes, junto con el gabinete departamental y la oficina
que tiene que ver con los infractores de la ley penal, que hagamos una reunión
urgente, porque de verdad no está cumpliendo su finalidad el sistema”, dijo
Maritza Brito.
Argumentó que los jueces no
pueden hacer más, porque ellos colocan sus audiencias, pero si no te cuenta con
los recursos porque las entidades territoriales no lo aportan, entonces no
estamos cumpliendo.
Finalmente, dijo Maritza
Brito, que si no se tienen los recursos para que el entro de encerramiento preventivo
y si no hay recurso para que funcione, entonces debe cerrarse y las entidades
que le corresponde deben buscar otro sitio fuera del departamento y allá le
sale más costoso. 
Los alcaldes del sur que
estaban más lejos de la capital eran los que llevaban más temprano. “No quiero
ver a nuestros alcaldes sancionados, pero la resolución no la toma la suscrita,
los informes y las actas lo dicen. Nuestro afán es que se le garanticen los
derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

El último consejo de
política social realizado en el Centro Cultural de Riohacha, que contó con la
presencia del gobernador de La Guajira Fahian Al-Fayez Chaljub, el director del
ICBF Leandro Alberto Sampayo Vergara, el director de Planeación del
Departamento Cesar Arismendi Morales y los alcaldes.

  

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