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La situación del alcalde de Bogotá Gustavo Petro
Urrego está en el filo que, se resuelva si se queda o se va. El Procurador
tiene listo el fallo debidamente ejecutoriado, pero está esperando que el
Consejo de Estado decida las Tutelas falladas en primera instancia por el
Tribunal de Cundinamarca, unas a favor otras en contra, que en más de una
centena decidió acumular y se prevé una decisión antes del 2 de marzo, fecha
definida por la Registradurìa Nacional del Estado Civil para realizar la
Revocatoria del Mandato.
En caso que, el alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo falle a favor del Alcalde, es sobre el reconocimiento que al
burgomaestre le violaron derechos fundamentales, decisión que, daría la opción
para continuar en ejercicio del cargo hasta que esa misma instancia tramite a
solicitud de parte un proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho que, tiene como finalidad determinar si el Fallo de la Procuraduría
está o no ajustado a la Constitución y las Leyes, es lo que en derecho se
denomina control de Legalidad.
Este proceso que tiene doble instancia duraría no
menos de 2 a 5 años siendo optimista, puesto que, existen en los estrados
judiciales casos de esta naturaleza que llevan más de 10 años y aún duermen en
el sueño de los justos.
La otra cara de la moneda es que, el Consejo de Estado
en su sabiduría decida que,  al
funcionario no se le violó derecho fundamental alguno, lo que activaría la
decisión del Procurador quien seguramente en el término de la distancia enviará
a Presidencia el Fallo para que se dé cumplimiento a su decisión que,
implicaría la designación de un Alcalde y convocatoria a nueva elecciòn atípica
en Bogotá.
Así las cosas, nada está definido y cualquier cosa
puede ocurrir. Quien está como “caimán en boca de caño” es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-Organismo Multilateral de Justicia,
instancia esta donde los abogados del Alcalde tienen cifradas las esperanzas,
pero la reiteración de solicitud de información y la falta de decisión hacen
prever que, esperan pacientemente que las autoridades legítimamente
constituidas en el país, en especial la judicial actúen en consecuencia.
Sí, el Consejo de Estado le confiere la razón al
Alcalde, seguro no habrá medidas cautelares, tampoco revocatoria, porque
además, no tiene sentido. Pero si la decisión es contraria, es aquí donde
tendría a corto plazo la posibilidad de obtener la medida cautelar del CIDH,
que, si es vinculante, no obstante que el Procurador considera lo contrario, o
sea, si es obligatorio y de forzoso acatamiento y cumplimiento por parte del
ejecutivo.
Pero el Presidente de la República tendría frente a
dicha decisión dos opciones para escoger, una jurídica y otra política.
La primera, acatar y cumplir el Fallo del CIDH en
razón que Colombia tiene Tratado suscrito con el Organismo Internacional, sobre
todo aquel que determina que, “el 
funcionario elegido por el voto popular, solo puede ser separado del
cargo mediante una sentencia de una autoridad judicial, en materia penal” y el
Procurador es autoridad administrativa en materia disciplinaria.
Ahora bien, si opta por la segunda, me refiero a la
opción política, puede acatar pero no aplicar, el más reciente es el Fallo de
la Haya, caso San Andrés.
En conclusión, cualquiera que sea la decisión el balón
está en la cancha del Presidente, dejando claro que la Sentencia que profiera
el Consejo de Estado como cualquier otra autoridad judicial es de forzoso e
imperativo cumplimiento, so pena de verse inmerso en una sanción penal por
Prevaricato.
La afirmación anterior, no quita efectividad al Fallo
de la Procuraduría, pero en caso que se profiera la medida cautelar del CIDH,
el dilema presidencial está en acatar la decisión del Procurador o la del
Organismo Multilateral, si bien ambas son judiciales la segunda tendría un
rasero político.
Escribió Ignacio Rafael Escudero Fuentes
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