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Miren
como pregonan tranquilidad…cuando nos atormenta la autoridad Violeta Parra-
El
pueblo colombiano no se recupera del dantesco espectáculo del pasado proceso
electoral, donde la repartición de la mermelada embadurno la democracia
colombiana, cuando ya enfrenta otro despropósito político del presidente Santos
de no acatar las medidas cautelares sugeridas por la CIDH, a favor de Gustavo
Petro. La resolución 5/2014 de la CIDH, conceptúa que el caso Petro reúne prima
facie(a primera vista) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
Pretende el candidato-presidente, arropar las decisiones importantes del país
con el manto de la política electoral. Esto, significa que no le importa las
consecuencias de sus actos con tal de retornar al palacio de Nariño. 
Esta es la
razón, por la cual la clase politiquera en Colombia no se encarreta con
principios morales. Estos, se convierten en una talanquera para su accionar
político  que en más de una ocasión
tienen un carácter delincuencial. No tienen “doble moral “es que carecen de
ella. Con relación, a esta decisión del candidato – presidente, ha dicho el
procurador Alejandro Ordoñez: “Eso era lo esperado, es un espaldarazo a la
institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de
instrumentos jurídicos y constitucionales en el derecho interno, donde  los colombianos podemos defender nuestros
derechos y garantizar el cumplimiento y la protección de ellos”.
 En estas declaraciones, se observa un cierto
rasgo de cinismo, también se percibe un comportamiento perverso y un cierto
dejo de arrogancia. Ante estas declaraciones, que dirán los familiares, amigos,
vecinos y compañeros de militancia de la Marcha Patriótica que le han ultimado
en los dos primeros años de existencia cerca de 28 de sus militantes.
El
caso del municipio de Buenaventura, donde las bandas criminales, narcotráfico y
paramilitarismo mantienen a la población en una permanente zozobra, a pesar de
la militarización. En lo que va del año 2014, han sido asesinadas 148 personas
y se denuncia la existencia de casas de pique, donde se llevan a cabo macabros
crímenes. Las autoridades colombianas, deben fijar su atención en el informe de
la Human Rights Watch (sept-2013) donde se hace referencia a la grave situación
de los campesinos reclamantes de Tierras, hostigados y perseguidos por el
Paramilitarismo.
O,
que diremos de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos que se
ha incrementado en este gobierno. En el 2011(49) ,2012(69) y 2013(80) esa
estadística demuestra en la práctica que el Estado colombiano, aún está lejos
de garantizar lo más importante de un ser humano la vida. Menos le interesa,
ser garante de las decisiones democráticas de un país…Menos aún, enviar
mensajes de confianza a los diálogos que se desarrollan en la Habana – Cuba.
¿Quién castiga todos estos crímenes? ¿Dónde está la implacable justicia
colombiana? ¿Por qué el paramilitarismo deambula por campos y ciudades?
El
abogado y defensor de los derechos humanos de la Asociación Minga, Carlos
Rodríguez, puntualizaba a medios de información, que Gustavo Petro llevaba más
de dos décadas reinsertado a la vida democrática y que “ha cumplido a cabalidad
con la sociedad”. A la burguesía no le basta eso, el problema es que no se
toque sus intereses económicos. Fue, la derecha encamorrada la que tumbo a
Gustavo Petro. A ella, le cabe todos los sinónimos de la palabra brutal.

El
pueblo de Colombia, envió el 9 de Marzo, un mensaje público a todos los
sectores de la sociedad: Estamos hastiados y cansados de una clase política
implacable, con un apetito voraz. En las elecciones presidenciales, hay que
darles una nueva lección democrática. Decirles en las urnas que no la tienen
fácil y que no los queremos. Tres opciones utilizó el electorado-voto en
blanco, abstención y votos nulo…quedaron preocupados, intentan minimizar el
impacto. El ejemplo absoluto ya lo dio la isla de Tierra bomba.
Escribió José Camargo
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