La prensa regional en las dos últimas semanas ha venido
destacando hechos violentos contra las mujeres. La muerte de Karen Pavea y su
bebé, es la manifestación de una bárbara conducta que socialmente no se puede
tolerar. 
Los Estados y las regiones desarrolladas, hoy tienen como uno de sus
indicadores del desarrollo humano los actos contra la vida e integridad de las
mujeres, en la medida en que estos no se presenten, una sociedad se considera
más desarrollada y madura en su convivencia.
En Colombia y La Guajira en donde los episodios violentos
contra las mujeres campean, es necesario que demos el salto hacia espacios de
solución respetuosa de los conflictos intrafamiliares.  Amartya Sen lo denomina la “Agencia”, es
decir, que se respete el valor y la autonomía que tienen las mujeres en los
espacios privados y públicos, que les permitan de manera definitiva participar
activamente al interior de la unidad familiar y en la sociedad. 
Es por ello que en La Guajira es hora de superar las
concepciones de la  mujer como amas de
casa o vientres únicos de la reproducción física y generacional de nuestros
hijos. No más mujeres sacrificadas. Es hora que entre todos podamos abordar
acciones coherentes y sistemáticas para cambiar la actitud de los hombres
cavernícolas que usan el garrote de manera indiscriminada.
En La Guajira aún estamos en deuda, ya que la
institucionalidad no cuenta con los instrumentos que permitan garantizar
suficientemente el goce efectivo de los derechos de las mujeres. La política
pública se remite al cumplimiento de la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000). Las
políticas de erradicación, prevención y atención de la violencia contra las
mujeres, la prevención del embarazo adolescente y la incorporación de los
derechos de la mujer rural, no han evolucionado de manera rápida y masiva,
mostrando sus rezagos frente a otros departamentos.
Con la Ordenanza No. 332 de 2011, se ha pretendido
adoptar los mecanismos para garantizar efectivamente para todas las mujeres, en
el marco del principio de concurrencia, una vida libre de violencia, tanto en
el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el acceso a los
procedimientos administrativos y judiciales para su protección, y la adopción
de las políticas públicas necesarias para su realización. Este instrumento ha
demostrado la necesidad de músculos institucionales para hacerlo realidad.
Han sido pocos los logros en torno de incorporar en el
sistema educativo la dimensión de protección a las mujeres, desde bases
conceptuales integradoras, interdisciplinarias, interinstitucionales e
intersectoriales, que garanticen transformaciones y la consolidación de una cultura
de protección.

A fin de fortalecer los mecanismos de género y brindar
las herramientas para el desarrollo de sus capacidades, es necesario trabajar
en el fortalecimiento institucional que propenda por la participación
transversal de la mujer en igualdad de condiciones. Es conveniente la
erradicación, prevención y atención de la violencia contra la mujer con
acciones concretas mediante el fortalecimiento de las comisarías de familia.
Igualmente, la prevención del embarazo adolescente, en la generación espacios
de participación y emprendimiento en las mujeres rurales, promocionar acciones
encaminadas a la reducción de la discriminación y generación de oportunidades,
en el escenario de desplazamiento forzado.
Escribió: Cesar Arismendi Morales
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