Sin cumplirse las peticiones que fueron aceptados en la acción de tutela para el mejoramiento y acabar con el hacinamiento de la Cárcel Judicial de Riohacha se encuentran las autoridades, que preocupa por lo urgente que se necesita la intervención de este lugar.
“La magistrada del Tribunal Superior de Riohacha, María Manuela Bermúdez, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud, integridad física y familia de los reclusos en ese establecimiento”, precisó el procurador Regional, Carlos Ramírez Hincapié.
Esta medida precautelar ordenó al Ministerio de Justicia, a la Dirección del Inpec y a las directivas de la Cárcel Judicial de Riohacha para que constituyan un comité, que realice un plan de mejoramiento de las condiciones actuales que tienen las personas en este centro carcelario.
“Dentro de este comité deben hacer presencia el procurador y la Defensoría del Pueblo, quien a coadyuvado en cada uno de los pasos de esta tutela; pero son doce puntos de solicitudes concretas”, anotó Ramírez Hincapié.
El funcionario al mismo tiempo indicó que no han sido convocados a una sola reunión desde que se presentó la tutela y esta situación los preocupas porque ni con la medida judicial se atiende con urgencia lo que requiere la Cárcel Judicial de Riohacha.
“Se ordena de manera urgente una intervención integral de todos los servicios, donde se contempla la reducción significativa del número actual de reclusos y el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la cárcel; pero hasta el viernes no hemos sido convocados a ninguna de las reuniones y exhortamos a quien tenga que hacerla a que nos llamen para que se tomen las medidas inmediatas que se requieren para este centro carcelario”, concluyó Carlos Ramírez.
El procurador Regional también explicó que dentro de la acción de tutela se incluyo a los guardianes, donde se le exige al Inpec que tengan turnos sin sobrecarga laboral y tengan las condiciones para prestar el servicio.
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