Mediante ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, en su segunda sección, subsección A, del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia proferido el nueve de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, a través del cual concedió amparo constitucional de los derechos fundamentales al agua potable, salud, educación, igualdad, dignidad humana y movilidad, invocados por el Resguardo wayuu de la Media y Alta Guajira.
En su sentencia, ordena al ministerio de Minas y Energía, ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Manaure, la sociedad Salinas Marítimas de Manaure y Corpoguajira, para que en el término de seis meses, dispongan la realización de acciones que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente la problemática que afronta la comunidad wayuu.
Las autoridades antes mencionadas deberán reportar al Tribunal Administrativo de La Guajira las actuaciones trascendentes que vayan ejecutando, lo que será constatado con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal del Municipio de Manaure, al igual que por la Superintendencia de Sociedades.
Finalmente, delega a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Personería de Manaure y la Superintendencia de Sociedades, velar por el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia.
Cuando se conoció el fallo en primera instancia, la administración de Manaure impugnó la decisión, siendo ratificada por el Consejo de Estado, y esta vez cobijó a las demás entidades.
“Estas entidades deberán cumplir la sentencia a favor de las comunidades, deberán suministrar agua potable, salud, educación, igualdad, y toda la problemática que vive la comunidad wayuu”, indicó Javier Rojas, líder de la comunidad denunciante.
Según el denunciante, la decisión fue porque se les vulneró el derecho al trabajo, situación que se presentó por toda la corrupción que tenía Sama, hasta llevarla al estado de coma antes de que llegara el nuevo operador, pero que sigue igual porque todavía los avances no se han visto y la comunidad wayuu sigue con la problemática como la falta de empleo, la falta de generación de recursos para que la comunidad pueda subsistir.
Indicó Rojas, que existe una discriminación de parte de la administración municipal, ya que quienes instauraron la tutela no le han suministrado una gota de agua; entonces decidimos interponer la tutela para garantizan el derecho al agua y al derecho a la generación del trabajo.
Es preciso recordar que la población wayuu asentada en esta zona de Manaure  se decica al pastoreo, la horticultura y la explotación artesanal de la sal. Para esta última actividad recibió apoyo del Estado a través del Instituto de Fomento Industrial IFI.
Con el paso de los años, estas actividades se fueron perdiendo y culparon de esta situación a la administración ya que a parte de su negligencia, hace parte de Sama, que con su actuar marginanó a las comunidades que hoy serán beneficiados con la sentencia.
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