“No hay garantías de derecho para los invasores”: ICBF y Defensoría del pueblo

Por falta de garantía de derechos, fue suspendida la diligencia de desalojo que se llevaría a cabo en la invasión denominada 13 de Junio en el corregimiento de Mingueo, ubicada en terrenos de propiedad de José Amaya Ramírez.
Euro José Mugno Arrieta, delegado de la Defensoría del Pueblo, dijo que “según la sentencia T 239 de 2013 y como agente del Ministerio Público, solicito al Inspector Central de Dibulla, que de acuerdo a los fundamentos y funciones institucionales de la Defensoría del pueblo para promover y defender los derechos humanos, suspenda esta diligencia y le conceda a esta población un tiempo prudencial y razonable como indica la corte, no diez días como se había contemplado”.

Asimismo, afirmó que teniendo en cuenta la protección de los derechos de los niños y niñas, este desalojo no se puede realizar porque se estarían vulnerando sus derechos, estipulados en el Art. 44 de la Constitución Nacional, Art. Octavo de la Ley de Infancia y Adolescencia y en el Art. Noveno que habla del derecho prevalente de los menores.

Mugno, dejó claro que reconociendo el derecho constitucional de mantener despejadas las áreas de invasión, si la autoridad municipal  procede con este desalojo se sometería a sanciones de tipo administrativo y penal por vulneración de derechos humanos.
Según el censo realizado por la Administración Municipal, residen 190 familias conformadas por 364 niños y niñas, 10 discapacitados, entre ellos 2 abuelos, 22 adultos mayores, madres lactantes y gestantes, el 50% de la población es desplazada.

Yelka Valdés Oñate, Personera Municipal expresó que “Los desalojos no deben dar lugar a que las personas queden sin viviendas o expuestas a violaciones de otros derechos, cuando los afectados por este hecho no disponen de recursos por parte del Estado se debe adoptar la medidas necesarias para que se les proporcione otra vivienda, entendiendo el fallo de la tutela donde los derechos humanos priman sobre los bienes materiales, por tanto, coadyuvamos la posición del Ministerio público para la suspensión de la diligencia”.

La personera, afirmó que no existe en Mingueo predio disponible y el único albergue que se les puede proveer, no tiene las condiciones y generaría hacinamiento, por lo tanto, se estaría revictimizándo a la población desplazada.
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Para la constancia del acta hizo presencia la alcaldesa Silvia Ospino,  Yuliana Almazo, Secretaria de Gobierno, Cnel. Edgar Cardenas, Comandante Distrito; My. Carlos Salamanca, Comandante Smad; Claudia González, Coordinadora Centro Zonal 2 ICBF; Yohana María Urbina Zabaleta, Defensora de Familia ICBF;  Yelka Valdez, Personera; Fernando Ávila, Asesor Jurídico; Erlin Suárez,   Inspector Central; Euro José Mugno, Defensor Delegado; Miguel Pérez, Concejal;   Yenifer Pujol Ibarra, Psicóloga ICBF; Rosana Barros Iguarán, Trabajadora Social ICBF y en representación del propietario del terreno el exalcalde Marlon Amaya Mejía.

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