Por posibles irregularidades
derivadas de la celebración de un contrato para la construcción de un acueducto
en el corregimiento de Palomino, en Dibulla, la Procuraduría General de la
Nación citó a audiencia pública al señor Marlon Amaya Mejía, en calidad de
alcalde ese municipio y a la señora Imelda Henriquez Quintero, en condición de
asesora de la oficina de Planeación del mismo.
La diligencia de carácter verbal se
hoy 29 de abril del presente año a las 9:00 de la mañana en el despacho del
procurador regional de La Guajira, ubicado en la carrera 15 No. 14C 80, en la
capital de ese departamento.
Las posibles irregularidades están
relacionadas con la suscripción de un contrato interadministrativo con la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Dibulla S.A. E.S.P. por valor de
$3.081.894.999, el cual se había suscrito sin contar con unos estudios previos
que respondieran a las necesidades precedentes a la contratación por parte de
la administración.
Con estas conductas, el señor Amaya
Mejía pudo haber cometido falta disciplinaria gravísima por desconocimiento de
los principios de planeación, economía y responsabilidad.
El Ministerio Público formuló
también pliego de cargos contra la señora Imelda Henriquez quien como jefe de
la oficina asesora de planeación de Dibulla para el año 2011, realizó los
estudios previos del mencionado contrato interadministrativo, los cuales
habrían resultado deficientes, pues no estaría    “claramente determinada la necesidad, por
lo tanto no se identifica como se va satisfacer esa necesidad,  que es lo que da origen al objeto de la
contratación (…)
De otra parte, se cuestiona la
conducta de la entonces asesora de la oficina de Planeación, quien habría
firmado la primera adición del mencionado contrato sin estar facultada legalmente
para suscribirlo.

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