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Tribunal Superior de Riohacha dio trámite accidental por desacato a fallo de tutela contra Inpec

La magistrada del Tribunal Superior de Riohacha, María Manuela Bermúdez Carvajalino, dio inicio al trámite accidental por desacato de fallo de tutela que impetró el Procurador Regional de La Guajira, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, referente al hacinamiento que existe en la cárcel de Riohacha.

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El Ministerio Público advierte que en el penal se violan casi todos los derechos; se están aplazando las audiencias por falta de transporte, se han restringido las visitas conyugales y no hay condiciones de higiene.

En la tutela se le exigió al Ministerio de Justicia y al  Inpec que mejoraran las condiciones y hasta el momento según el Procurador han cumplido parcialmente con algunas adecuaciones locativas.
Ramírez Hincapié, tiene un año de estar bregando con el tema de la cárcel municipal de Riohacha “hace un año, cuando metí la tutela se encontraban 512 internos, en la semana pasada habían 562 personas”.     
El Inpec ha tratado de reducir el hacinamiento con el argumento que abrieron más cupos y no es más que rediseñaron el espacio que tienen, construyendo placas para que la gente duerma encima de la otra, puntualizó Carlos Arturo.

También se ha conocido que en el comando de Policía hay más de 200 detenidos, lo que ha obligado a los uniformados a menguar su actividad de vigilancia en Riohacha, porque ahora tienen que disponer de mayores hombres para cuidar a los detenidos, cuando esa no es su función constitucional.   

Según Ramírez Hincapié, la edificación no cumple con los requisitos de estructura de sismo resistente, no está en capacidad de resistir ningún evento con baja, mediana o alto impacto “esa cárcel en cualquier momento se cae, eso no resiste nada y es una edificación construida hace 50 años”, advierte.

Tampoco cumple con ninguna de las de condiciones de sanidad e higiene, en días anteriores a los encarcelados les dio la epidemia de Papera y no se ha podido exterminar porque hay una superpoblación.

Otra situación es que los automotores del Inpec están dañados y desde el mes de marzo del 2015 no se están trasladando a los internos a las audiencias y han tenido que ser aplazadas por no contar el centro penitenciario con medio de transporte; ya que los dos automotores están dañados, asegura el comandante de la Guardia del penal, Edwin Munar Garzón.

La situación empeora si se tiene en cuenta que los guardianes que existen son para la población de 100 internos y las armas de dotación son obsoletas, advierte el procurador Carlos Arturo Ramírez Hincapié.

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