Se acrecienta crisis de las Estaciones de Servicio en Riohacha

Las camionetas Ford 350 avanzan a toda velocidad por las tronchas aledañas a la frontera después de haber cargado pimpinas de gasolina en predios cercanos al río Limón, un chofer conduce con destrezas evadiendo huecos y desprevenidos animales mientras que el copiloto carga un gajo de billetes para pagar sobornos, ¿sobornos? ¿a quiénes? a agentes de policía, de la Dian y de la Guardia de Venezuela sí, eso es exactamente lo que revelan decenas de investigaciones sobre el contrabando de hidrocarburos en La Guajira. El dinero pagado es una mínima suma que se resta de las ganancias de este millonario negocio.

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Las camionetas llegan a Maicao, Riohacha, Uribía y a casi todos los municipios del departamento.  Algunas son retenidas con sus ocupantes y con mercancía. La mayoría de ellas, logra abastecer a los denominados ‘pimpineros’, o expendedores de gasolina que no pagan ninguna clase de impuesto y no se ajustan a requisitos legales.

El último eslabón de la cadena es el consumidor, quien atraído por los económicos precios para su carro, ignora la oferta de las estaciones de servicio (E.D.S) legalmente constituidas; es así como estas últimas se ahogan en el mar de la quiebra, y no se divisa salvavidas que les den una mano.

Se vende esta estación de servicio

Ayatawacooop es la coperativa que a través del apoyo del el Gobierno Nacional y del Ministerio de Minas y Energía junto con  Ecopetrol S.A. y bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria fue creada para el abastecimiento legal del combustible en La Guajira.
Estaciones de servicios como A.G (Aristides Gutierrez), Petro Zulia, La Unión y Los José, afilidadas a Ayatawacoop hoy se han unido en  voz de protesta a través de letreros que expresan: se vende esta estación de servicio por falta de controles al contrabando.
¿Qué quiere decir legalidad? evitar incendios de vehículos con jóvenes y niños en su interior, disminuir riesgo de salud por los gases que emana el combustible, permanecer en libertad y cooperar con el desarrollo de ambos países.
El director de la Policía Fiscal y Aduanera afirmó en rueda de prensa que a través de la inmovilización de once vehículos que venían en caravana desde Venezuela cruzando la frontera cargados de gasolina y productos variados “toca la espina dorsal de la logística que usan los contrabandistas de combustible” .

Sin embargo hoy los administradores de las estaciones de servicios, entre ellos, Aristides Gutiérrez, administrador y propietario de la E.D.S  A.G, se preguntan por qué los expendedores informales de gasolina no están pagando impuestos y tampoco están siendo sometidos a todas las exigencias legales. 

“Las estaciones de servicio estamos quebradas, todas estas empresas legalmente constituidas y que generamos seguridad industrial y social nos estamos acabando por culpa del gobierno que no ha sabido controlar el contrabando”.

Gutiérrez añade que para los que laboran de forma legal si existe la autoridad mientras que para los informales no.

“A veces no llega ni un solo vehículo, otras veces llegan dos o tres. No estamos vendiendo absolutamente nada”.
Delegados del ministerio de Minas y Energía envían una guía a las estaciones de servicio para indicarle los precios de compra y de venta de la gasolina y el pago de transporte por cada galón del combustible.

No obstante, a los pimpineros no le cobija esta medida pero establecen libremente tarifas encaminadas a derrotar la competencia de los expendios legales.

Otro de los afectados es Hernando Mendoza, propietario y administrador de la estación de servicio La Unión.

Mendoza afirma que en los 45 años que lleva a cargo del establecimiento nunca había experimentado un momento tan difícil.

El panorama en esta estación es desolador, alguien puede estar parado durante dos horas seguidas y ningún vehículo aparece en la escena para tanquear.

“Esta es una protesta pacífica para que el Gobierno Departamental y Nacional salve las estaciones de servicio, cada día vendemos menos y no vemos un futuro promisorio para nuestro negocio”, asegura Mendoza mientras agacha el rostro.
Les ha tocado retirar personal

Los propietarios y administradores afirman con  desesperanza que les ha tocado retirar a varios de sus empleados por culpa de la crisis que viven. Mínimo dos trabajadores han sido despedidos de sus puestos sin una pronta esperanza de regreso a sus labores en las E.D.S.
Luis Carlos Peláez, administrador de la Estación Petrozulia asegura que este gremio no tiene nada en contra de los ‘pimpineros’, solo pide que haya justicia en este caso, que todos se ajusten a las normas.

“Nosotros vendemos el galón alrededor de cinco mil y ellos lo venden como a tres mil, la diferencia de precios nos afecta.  Nosotros pagamos impuestos, sobretasa, las nóminas de los trabajadores, liquidación.  Además nos piden pólizas de seguro, extintores y muchos elementos de seguridad ocupacional”.

Peláez manifiesta que si la diferencia de precios fuera mínima (500 pesos como mucho) la competencia del contrabando no estaría acabando la operatividad de las bombas de gasolina.
En pasadas ocasiones el Gobierno Departamental ha visto como en varios municipios los expendedores ilegales de gasolina han protestado ferozmente contra medidas drásticas como el decomiso de las pimpinas.

Los mandatarios siguen rascándose la cabeza buscando la apropiada solución para este problema que se sigue acrecentando.

Escribió Nelson Rodelo C.

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