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Rocío Vargas Tovar 

La Juez Promiscuo del municipio de Fonseca, Rocío Vargas Tovar le salió al quite a las aseveraciones que algunos allegados al alcalde José Manuel Moscote Pana hacen contra ella, tras asegurar que lo que existe por parte de la magistrada contra el mandatario es un problema personal o una clara persecución política y no estar actuando conforme a los preceptos constitucionales y cumplir con las funciones que le competen.

Vargas Tovar se defiende diciendo que han querido dudar de su proceder legal en razón a las últimas tutelas falladas en contra del ejecutivo, pero según su criterio todo ha sido ajustado a la Ley, es decir haciendo valer los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hizo mención a una acción judicial de esta índole impetrada por Enrique Ortiz Velásquez contra el Municipio exigiendo el derecho a gozar de una vida digna y sana, al estarse viendo perjudicado en su residencia en el barrio el Carmen, donde cada vez que llueve las redes del alcantarillado colapsan e inundan de aguas servidas su morada y por hacer caso omiso la administración a la tutela fallada se impuso al burgomaestre un incidente de desacato y sanción con una orden de arresto, al igual que el pago de varios salarios vigentes.
José Manuel Moscote

Indicó que todos los procesos fallados no en favor de Moscote Pana son de estricto acatamiento a las normas y si no hubiese actuado de esa manera quien podría verse perjudicada en su proceder sería ella como funcionaria que de inmediato se le indagaría disciplinaria o penalmente por incurrir en prevaricato.
Afirmó que el tribunal Superior de Riohacha la notificó de una tutela formulada ante esa instancia por el alcalde José Manuel Moscote Pana con el objetivo de dejar sin efectos la sentencia que ordena la detención de éste.
Explicó que con éste son ya dos los incidentes de desacatos por los cuales se ordena arresto al gobernante de los fonsequeros, el primero se debió al no acatamiento de una tutela proferida por el exnotario de Riohacha Alfonso Povea Anicharico, por no atender los requerimientos que le hiciera al ser afectado por la activación de una carga explosiva en su finca en la región de Pondores, zona dispersa del corregimiento de Conejo.
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