Silvia Ospino Bermúdez.
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La Burgomaestre pagó el fallo que ni siquiera estaba en firme.

Ante la Fiscalía General de la Nación seccional Riohacha fue presentada una denuncia penal contra la exalcaldesa del municipio de Dibulla Silvia Ospino Bermúdez por el delito de Prevaricato por Acción.

La acusación fue interpuesta por Zully Ramírez Moreu, quien alegó en la denuncia que la familia Sánchez Monsalve presentó una demanda de imposición de servidumbre contra el municipio de Dibulla, buscando que se le impusiera y se le ordenara un pago por haber instalado en el predio Pozo Azul de su propiedad las tuberías del acueducto regional de dicho ente territorial para el suministro de agua a las poblaciones de la Punta de los Remedios, Campana Nuevo y Las Flores.

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Dicha demanda fue aceptada y respondida por parte de la alcaldía de Dibulla, sin embargo; un día antes de la fijación del edicto de sentencia los señores Henry Gómez Quintero, apoderado de la parte demandante, y el señor Rodolfo Conrado, de la parte demandada, mediante un memorial manifestaron renunciar a los términos de dicha sentencia. Al mencionado memorial no se le dio respuesta negativa ni positiva.

La sentencia de fecha 9 de diciembre de 2015, estipulaba que el municipio de Dibulla debía pagar unos perjuicios a los demandantes por valor de 9 millones 373 mil 980 pesos, y como agencias en derecho, la suma de 3 millones 312 mil 139 pesos. Sin embargo, el fallo no alcanzó su ejecutoria, aun así la exalcaldesa ordenó el pago de 169 millones 991 mil 385 pesos.

Lo anterior, y según la demandante, da a entender que Silvia Ospino tuvo una conducta dolosa, asegurando que tenía conocimientos de solicitud, es decir, sabía que estaba cometiendo un delito. Debido a que en la resolución donde ordena el pago, aclara que las partes renunciaron a los términos de ejecutoria a través de un memorial, pero no hace la aclaración de que este no fue ni aceptado ni negado.

La demandante ya solicitó la práctica de una diligencia de inspección ocular en los archivos de la oficina de tesorería del municipio de Dibulla, para poder verificar toda la información y antecedentes administrativos relacionados con el pago de la demanda interpuesta por los hermanos Sánchez Monsalve.

Por la gravedad del contenido en esta denuncia, un Fiscal de Anticorrupción se lo llevó para la capital del país, para evitar que fuera objeto de padrinazgo en el Departamento de La Guajira.