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Procuraduría formuló pliego de cargos por hechos relacionados con presencia de FARC en Conejo

Esta foto, de la guerrilla armada paseándose en el corregimiento de Conejo, tiene en la mira de la Procuraduria, a la línea de mando del Ministerio Defensa y en La Guajira, al comandante de la Décima Brigada del Ejército.

Por las posibles irregulares relacionadas con la incursión de miembros de las FARC en la vereda Conejo, municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos.

Los cobijados con la decisión son el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas Echeverri; el comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán; el comandante general del Ejército Nacional de Colombia, general Alberto José Mejía Forero; el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadet; y el comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional, brigadier general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de febrero, cuando integrantes de la guerrilla de las FARC-EP hicieron presencia uniformada y armada en el corregimiento de Conejo donde habrían permanecido todo el día haciendo “pedagogía por la paz” estando armados y uniformados, lo cual ponía en riesgo a la población civil e impedía que pudieran ejercer sus derechos y libertades en forma efectiva y plena.

A juicio del Ministerio Público, el señor ministro de Defensa Nacional podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por presuntamente haber omitido el deber de dirigir la actividad administrativa con el propósito de que cesara el contacto de miembros armados y uniformados de las FARC con la población civil en el corregimiento señalado.

Igualmente cuestionó la conducta de los mencionados comandantes, quienes habrían omitido su deber de garantizar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, pues no habrían adoptados las medidas efectivas para que cesara el contacto de la población civil con los integrantes de esta organización, con lo cual no se habrían garantizado la vida, honra, bienes y creencias de la población civil que habitaba en esta zona del país.

La conducta atribuida a cada uno de los investigados fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.

En ese sentido, advierte el órgano de control que “hasta este momento no aparece probado en el proceso que con su actuar tuvieran el conocimiento y la voluntad inequívoca de transgredir las normas constitucionales, (…) sino que su actuar fue negligente y por ello de manera definitiva el aspecto subjetivo se califica a título de culpa grave (…)”.

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