-Publicidad-

Por Jon Cataño, columnista de LaGuajiraHoy.com

Ante la polarización que cada día vive el país por diferentes motivos, en días pasados asistieron los guajiros y todo el país a una marcha cuyo principal propósito fue protestar por la injerencia directa del Ministerio de Educación en la reformulación de los manuales de convivencia escolar, con el fin de combatir la discriminación solo desde la perspectiva de la preferencia sexual de los niños y niñas.

Aunque el objetivo del presente escrito no es cuestionar la orientación sexual de la ministra la cual debe ser objeto de nuestro respeto, no es menos cierto que como servidora pública encargada de orientar las políticas del sector educativo de este país, se encuentra sujeta no solo al control de las autoridades, sino también gústele o no sus actuaciones deben someterse al control ciudadano.

La discriminación definida como la incapacidad de una persona de aceptar al otro tal como es, generalmente termina en acciones intolerantes de irrespeto y agresión de la dignidad del ser humano,  con la falta creencia del enfermo discriminador que posee características superiores al discriminado.

Bajo esta herrada premisa y entendiendo que la Constitución Política la prohíbe, Colombia es uno de los países del mundo donde más se ejerce este tipo de prácticas de maltrato hacia sus ciudadanos, por el color de la piel, por la condición económica, por la orientación sexual, por los ideales políticos, por el credo religioso, por la discapacidad, por la edad o el grupo etario al que pertenece, por la condición racial, por el lugar de nacimiento, por el colegio donde estudias, por la ropa, e incluso te asesinan si tienes una camiseta del equipo contrario al del agresor.

Bajo el anterior panorama se puede observar que vivimos en una sociedad enferma que viola flagrantemente los derechos humanos y se concluye que el problema de discriminación va más allá de la preferencia sexual de las personas.

Aunque los argumentos de la Ministra consisten en dar cumplimiento a la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, también es claro que la complejidad y gravedad del problema amerita el abordaje desde un contexto integral por parte del Ministerio de Educación, evitando el sesgo de asumir el problema en las escuelas solo desde la perspectiva de su orientación sexual, olvidando a los miles de niños que a diario son sometidos y vulnerados en sus derechos por múltiples tipos de condición en los ambientes escolares.

Aunque mejorar los graves niveles de exclusión no es una tarea fácil, hay que reconocer que han habido avances en casos aislados como la participación más activa de la mujer en el escenario de las decisiones nacionales,  se requiere de la acción decidida del Estado, no solo a través de la expedición de normas prohibitivas, sino a través de la implementación de políticas innovadoras e incluyentes que involucren a todos los estamentos de la sociedad colombiana como parte de la solución.

Una herramienta determinante es la educación y la familia, regresando a escenarios ya desgastados para muchos pero esenciales para disfrutar de una sana convivencia social, como la educación en valores, las buenas costumbres, el respeto, la tolerancia y la consideración para con nuestros semejantes. Querer hacerlo de una manera diferente profundiza la crisis, estimula los odios y genera segregación, caldo de cultivo para hechos violentos e intolerantes que socaban las posibilidades de poder vivir en un país en paz.

Compartir

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here