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A cárcel ex-gerente de la Contraloría La Guajira y sus allegados

El Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías del Distrito Judicial de Riohacha, le impuso medidas de aseguramiento con reclusión en establecimiento carcelario a Jorge Mejía Herrera, ex-gerente de la Contraloría General de la República, Zona Territorial de La Guajira.

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También decreto la misma medida Daisy Socorro Villar Fuenmayor, excandidata a la Alcaldía de Dibulla, quien es la representante legal de la fundación ‘Alimentando mi región’ y María de Jesús Mejía Toro. Mientras, que ordenó libertad plena a Leyla Montalvo, funcionaria del Icbf, Regional Guajira, quien sigue vinculada al proceso.

Asimismo, los otros 7 capturados entre los que aparecen: Wilmer Peñalosa, William Alejandro Villar, Johan Enrique Rodríguez y Eteolvina Villar, se les concedió la medida de aseguramiento con detención domiciliaria, quienes seguirán vinculados a la investigación.

El exgerente es padre de María de Jesús Mejía Toro y tiene una estrecha amistad con Daisy Socorro Villar Fuenmayor.

El juez determinó dejar a disposición del Inpec Mejía Herrera, en la cárcel de Riohacha; mientras que a Villar Fuenmayor y Mejía Toro, fueron enviados a la cárcel de mujeres de Santa Marta.

Por su parte, los abogados Iván Fuentes y Rafael Navas Curiel, apelaron la medida y en mañana hoy la sustentaran ante un juez superior penal del Circuito de Riohacha. Los delitos que les endilgan son: peculado por apropiación y celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales

La investigación

El proceso investigativo nace luego que la Fiscal cuarta Eda Alejandra Maestre Lubo, observó presuntas anomalías en dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos, destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes. En la averiguación se estableció un peculado del orden de mil cuatrocientos noventa y cinco  millones de pesos ($1.495.000.000).

Según el ente investigador se encontraron facturas falsas, cobraron  de manera irregular más de quinientos millones de pesos ($500.000.000). Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.

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