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Dos procesos en la Fiscalía inquietan a la exgobernadora Oneida Rayed Pinto Pérez

Desde que la exgobernadora Oneida Rayed Pinto Pérez decidió enfrentar al Estado porque no quería abandonar el cargo, utilizando varios argumentos que en cierta manera demoraron el proceso de elección, comenzó el dolor de cabeza que hoy la tiene preocupada.

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El Gobierno Nacional, entonces, colocó el aparato investigador para removerle dos convenios y en donde al encontraron unas supuestas irregularidades.

La Fiscalía revisó el programa que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041.

Encontraron inconsistencias que se habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto de 18 mil 990 millones de pesos, en los que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.

Dentro de ese proceso contractual según las investigaciones, se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación.

Para la Fiscalía se evidencia una presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos. En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.

Por otro lado, la Fiscalía, la está señalando de estar detrás de las presuntas amenazas de muerte contra el gobernador designado Jorge Enrique Vélez García, y le está imputando varios cargos.

Este proceso es el más adelantado, ya que para el Fiscal General de la Nación, Néstor Martínez Neira, es un tema muy delicado que amerita toda la atención del caso.

La semana anterior se aplazó por segunda vez, la audiencia de imputación de cargos. También se conoció que los abogados de la exmandataria de los guajiros, pidieron que sea escuchada en indagatoria, solicitud que fue aceptada por el fiscal que lleva el caso y que es delegado ante la Corte Suprema, máximo tribunal que juzgan a los gobernadores en este país.

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