Instantes cuando un miembro del CTI de la Fiscalía le leía los derechos a la exgobernadora Oneida Rayed Pinto Pérez, en el momento de su captura.

llMuchos guajiros que conocían como se administraron los bienes del municipio de Albania, sabían que luego se entregara el exalcalde Yan Keller Hernández Erazo, podría tambalear la tranquilidad de la gobernadora en ese momento, Oneida Rayed Pinto Pérez.

Hernández Erazo, se entregó 1 de abril del 2016. Es primo de Pinto Pérez y fue contratado por ésta como su chofer, escolta y luego lo hizo alcalde, convirtiéndose en su mano derecha, ya que el nuevo Ejecutivo Municipal sólo había cursado hasta bachillerato.

El exmandatario habría celebrado de manera irregular los contratos interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.

Yan keller Hernandez Erazo

En las declaraciones que el exalcalde Yan Keller le entregó a la Fiscalía, quedó al descubierto que en la alcaldía la última palabra la tenía Oneida Rayed, por lo que el Fiscal Cuatro de Administración Pública, Gentil De León Mármol, decidió vincularla al proceso.

Inicialmente, esta investigación se conoció, cuando el 7 de noviembre del 2015, un juez de control de garantías de Floridablanca (Santander), a petición de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Guajira, ordenó la captura de 11 personas, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Con el paso de los días, la investigación se fue esclareciendo, así como se deshojan las margaritas. En su momento capturaron a: Carlos Arturo Gómez Ovalle, Emerson Pinto, Idania Monsalvo, Yira Montaño, Yelis y Emel Rodríguez, Dayana Ramos, Carmen Yance y Eliana Urango. También fueron apresados Eliana Gómez y Ender Amaya.

En el proceso contractual se requirieron 1600 personas; entre ellas coordinadores para varios subprogramas, estos según la investigación recibieron la suma de $1.200.000 para dictar charlas y visitas de la campaña que pretendía a reducir la mortalidad infantil. Entre los contratados habían albañiles, mecánicos y técnicos en sistemas; sin verificar el perfil y la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas.

Según la Fiscalía, el trasfondo era, pagar favores políticos o en su defecto que las personas se mantuvieran cerca a la administración para los comicios venideros.

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