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Exgobernadora Oneida Pinto acusada por desvío de recurso para reducir mortalidad infantil en Albania

Oneida Pinto.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado del Departamento un documento acusatorio contra la Exgobernadora de La Guajira Oneida Rayed Pinto Pérez, se le imputa varios delitos como: contratos sin los requisitos legales, intereses indebidos en la celebración de contratos, falsedad en documentos públicos y privados y fraude por apropiación.

En el documento se expresa que existió una nómina alterna creada desde la administración distrital a cargo de Pinto en el 2015 cuyo recurso fue destinado a la financiación de su campaña política cuando esta aspiraba a la Gobernación de La Guajira.

Cerca de los 19.000 millones de pesos fueron los tres contratos solicitados por la entonces alcaldesa de Albania, este recurso sería destinado para la reducción de la mortalidad infantil, según la acusación presentada por el ente fiscal, a cada presupuesto solicitado se adicionó un monto cerca de los 3.900 millones de pesos los cuales no fueron justificados.

Según lo manifestado el recurso solicitado adicional al presupuesto inicial el cual fue de un total de 11.700 millones de pesos, fue invertido en el hospital San Rafael de Albania pero en este no se demostró la inversión de dicho recurso.

Yan Keller Hernández Erazo.

61 entrevistas fueron realizadas por la policía judicial a las personas subcontratadas, donde quedo revelada las dobles contrataciones del programa de salud mental dentro de un mismo periodo con la misma contratista, en la cual también hubo diferencia entre lo contratado y lo pagado.

El escrito de acusación señala que la contratación se hizo a través del exalcalde Yan Keller Hernández Erazo, quien fue designado como alcalde del municipio para el periodo 2008-2011, bajo la orientación de Pinto Pérez.

Hernández Erazo, era el encargado de dar cumplimiento al objetivo de luchar contra la mortalidad infantil, contratando al hospital San Rafael a cargo de Cleofe Piedra, quién a su vez subcontrató a 10 particulares y estos a 1459 personas, según la fiscalía el objetivo era dar empleo a cambio de votos.

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