Aspecto de la audiencia del escrito de acusación contra el Alcalde de Riohacha y Secretaria de Educación, detenidos en Bogotá.

Se realizó en el Palacio de Justicia, audiencia de acusación del proceso que se adelanta al Alcalde electo del Distrito de Riohacha, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer petición de traslado de radicado a otro circuito.

Por su parte el Juez Primero Penal del Circuito, Moisés Ávila Sierra, no dio a conocer fecha de la audiencia preparatoria del juicio oral hasta que se resuelva la solicitud de la Fiscalía, ya que debe ser la Corte Suprema de Justicia quién lo defina en los próximos días.

En el desarrollo se legalizó el escrito de acusación contra Fabio David Velázquez donde se le imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legales, mientras que a Dilcey Acosta, quien se desempeñaba como secretaria de Educación, se le imputaron los mismo delitos y además, el de falsedad ideológica.

el Juez Primero Penal del Circuito, Moisés Ávila Sierra, no dio a conocer fecha de la audiencia preparatoria del juicio oral hasta que se resuelva la solicitud de la Fiscalía.
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El Ente acusador dejó claro que tiene el suficiente material probatorio para condenar a los acusados. Sin embargo, la defensa sostiene que presuntamente, existen evidencias que favorecerían a Velásquez y a Acosta que la Fiscalía no estaría tomando en cuenta.

El Juez determinó que se debe hacer el descubrimiento de pruebas conforme a lo reglamentado por la Ley. Se generó polémica por el plazo para el procedimiento en el cual la Fiscalía debe entregarle toda la documentación a la defensa, aunque esto debería realizarse en la audiencia preparatoria.

Los acusados, presuntamente, según el Ente investigador habrían sido coautores de peculado cercano a $1.176 millones del convenio suscrito entre el Distrito y la Asociación Social del Caribe, Asocar, por un monto de $5.717 millones.

El expediente está sustentado por más de 120 pruebas entre testimoniales y documentales que servirían ya sea para determinar la culpabilidad o inocencia de los funcionarios públicos.

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