Un lote en el barrio Helión Pinedo Ríos de Riohacha fue seleccionado por la Gobernación de La Guajira para construir próximamente, viviendas de interés social que beneficiaría alrededor de 100 familias de bajos recursos económicos.

Sin embargo, uno de los moradores, Pedro Nell Infante, se opone rotundamente, argumentando ser el fundador del barrio cuando apenas era una invasión.

Blanca Larrada, presidenta de la Junta de Acción Comunal, señala que, desde que se empezaron a invadir los predios aledaños al colegio Helión Pinedo Ríos, el supuesto fundador, solo se había encargado presuntamente, en pedir cuotas monetarias a los habitantes para realizar el proceso de legalización y fuese reconocido como barrio del Distrito.

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“El hombre en su momento no pudo sacar los papeles como era debido. Ahora que queremos salir adelante y se nos respete como indígenas que somos, porque la mayoría somos Wayúu y tenemos muchos años viviendo este territorio, él se opone”, aseguró Blanca Larrada.

Nell Infante, procedente del departamento del Magdalena y quién vive en una vivienda construida con láminas de zinc, se rehusó a dar una declaración para este medio. Muy airado, solo se limitó a proferir una frase: “para que hagan algo allí, en esos terrenos, tienen que pasar por encima de mí y quitarme como puedan”.

Blanca Larrada, presidenta de la Junta de Acción Comunal

Un habitante de la comunidad, que prefirió la reserva de su nombre, señaló que las cuotas que el hombre pedía alcanzaban los 50 mil pesos y cada miembro de la invasión se las arreglaba para conseguir el dinero como diera lugar.

A través de la Resolución No. 0014 del 2016, la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, reconoció la personería jurídica al sector. Larrada añade, “el barrio está legalizado, con personería jurídica, debido a las gestiones que he liderado”.

Los moradores manifiestan además que Pedro Nell Infante, ha agredido verbalmente aun a representantes de autoridades distritales y departamentales, y por tanto, ha sido denunciado ante la Fiscalía. Los habitantes mantienen la esperanza de tener una vivienda digna propia y mejorar sus condiciones de vida.

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