En los casi cinco meses al frente del Instituto Departamental de Deportes de La Guajira, Adriela González Mendoza, quien renunció a su cargo por petición del gobernador encargado, Weildler Guerra Cúrvelo, lideró un proceso de transformación en las estrategias de gestión y ejecución de iniciativas para la reconstrucción del tejido social de La Guajira a través del deporte.
A su llegada, encontró embargos judiciales, sancionada y suspendidos los giros de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación. Deuda superior a siete meses de salarios a sus funcionarios, una oficina deteriorada y equipos electrónicos dañados.
Realizó un acuerdo para el levantamiento del embargo superior a los 300 millones de pesos, haciendo un abono de 150 millones, realizó el pago de siete meses de salarios a empleados y liquidó seguridad social hasta el mes de mayo, debido a que las asignaciones de la Gobernación eran insuficientes. Agilizó el cumplimiento de requisitos para levantar las sanciones de suspensión de transferencias de recursos, adecuó parte de las instalaciones, garantizando los equipos y las condiciones mínimas para el ejercicio profesional de cada funcionario.
Su más grande logro fue la aprobación de la remodelación del Coliseo Jairo ‘El Guajiro’ Romero, por valor de 2.139.537.201 pesos que se giraran del Sistema General de Regalías.
Llevó el deporte a diferentes lugares de La Guajira
Desde su llega al IDDG, entendió la importancia del deporte en la reivindicación social de los más vulnerables, por tal razón, abrió sus puertas a comunidades marginas y excluidas; dotó de implementos deportivos a niños en el barrio Dividivi de Riohacha, a jóvenes en el corregimiento de Las Flores, jurisdicción de Dibulla. De igual forma en el Molino, Villanueva.
Brindó todo el acompañamiento técnico – deportivo al Primer Campeonato Integracional por la Paz y la Convivencia organizado por líderes de la Comuna 10 en el Distrito y al Tercer Campeonato de los Pueblos y El rescate de los Valores, desarrollado en el corregimiento de Corralejas del municipio de San Juan del Cesar.
No solo apoyó a sectores vulnerables, también lo hizo con otros, como lo fue el brindado a la delegación guajira que viajó a la Semana de la Salud coordinado por la Rama Judicial, a los entes territoriales de Urumita, Distracción, San Juan, entre otros.
Adelantó los Juegos Supérate Zonales Intermunicipales con sede en Villanueva, San Juan y Manaure, la final Departamental de Atletismo de la cuál viajó una delegación de más de 22 jóvenes a la final realizada en Cartagena.
También respaldó la delegación que representó al departamento en los Juegos de la Comunidad LGBTI, el apoyo institucional a la liga y asociaciones de deportistas con limitaciones físicas, Adultos Mayores, a organizaciones deportivas en los corregimientos y veredas de toda La Guajira.
Diseñó una nueva imagen corporativa y de comunicaciones para estar más cerca de la ciudadanía que a su vez, brindara transparencia y acceso a la información del IDDG, además de protocolos administrativo para medir la eficiencia de los funcionarios, estableció reglas en cuanto al cumplimiento de horarios y eliminó las inasistencias injustificadas que se prolongaban por más de dos días.
En contra de la corrupción
Combatió la corrupción dentro del Instituto, ya que pidió a los diversos organismos de control, auditorías a las administraciones pasada pero sobre todo a la suya. Quizás, esto fue el determinante para que un sector minoritario deportivo y de un medio de comunicación impreso, iniciara en contra de ella una campaña de desinformación y desprestigio, que solo ahondaron la crisis del deporte guajiro.
Inició la estructuración del proyecto para garantizar la financiación de las ligas, el deporte no convencional y paralímpico, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos, el cual, se vio truncado por su salida. Para concluir, dejó lo correspondiente al cierre de la convocatoria y el inicio de la firma de los convenios, para que los municipio reciban los aportes por concepto de telefonía móvil celular, los cuales superan los 800 millones de pesos.
