“La UIAF vigilará los movimientos bancarios en días previos a elecciones”: magistrada Carrillo

Durante su intervención en el foro pedagógico ‘estamos en elecciones’, realizado en días pasados en Riohacha, la presidenta del Concejo Nacional Electoral Idayris Yolima Carrillo Pérez explicó varios procesos a ejecutarse durante este año electoral, uno de ellos es la vigilancia de los movimiento bancarios.

La Magistrada maicaera manifestó que el objetivo radica en garantizar la transparencia y equidad de los procesos electorales que se avecinan, “hemos firmado un convenio con la UIAF y esta vigilará los movimientos y transacciones bancarias de todos los ciudadanos, el cobro de cheques por montos elevados serán objeto de investigación”, explicó Carrillo Pérez.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es el organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades bancarias y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras procedencias ilícitas.

El convenio CNE-UIAF busca detectar dineros provenientes de dudosa procedencia, que financien las campañas políticas en las próximas elecciones. Carrillo Pérez explicó que el proceso de investigación se inicia luego de cada proceso donde al ciudadano implicado le solicitan la información necesaria sobre el movimiento realizado.

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Resaltó que este proceso es normal dentro de las entidades bancarias cada vez que se hace este tipo de transacciones con una alta suma de dinero y es esa información la que registra y rastrea la UIAF para aclarar cualquier situación ilegal.

“El proceso de investigación inicia una vez culminado el proceso electoral donde a la persona implicada es citada, este debe justificar de donde, de quien y para qué fin realizó dicha transacción”.

Los que incurran en estas acciones les serán aplicados los artículos del título XIV de la Ley de Delitos Electorales, artículo 396A. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que incurrirá en prisión de cuatro a ocho años con multa de cuatrocientos a mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, tanto al candidato como al aportante.

También serán aplicados los artículos 396B. de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, aplicable al administrador de los recursos del partido político, con una pena de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

Y el artículo 396C. de omisión de información del aportante, aquel que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley, será merecedor de prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientos a mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Carrillo Pérez enfatizó en que el llamado no es a estar prevenidos sino a no incurrir en ninguno de esto delitos que “aún que sea común que se haga no es legítimo, es sancionado y los entes estarán vigilante ante cualquier irregularidad”.

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