Algunos estudiantes en Riohacha, debe recibir sus clases bajo un árbol de Trupio o de Dividivi.

Después de atravesar una trocha durante un tiempo de 10 minutos en carro, se puede llegar al Centro Etnoeducativo N° 14, ubicado en zona del kilómetro seis, vía que conduce de Riohacha a Valledupar. El paisaje desértico muestra claramente como unas aulas construidas con materiales muestran la estructura del claustro educativo. Muchos de los estudiantes viven a media hora, a una hora o más de camino desde sus casas y por ahora, solo cuentan con la ayuda de sus profesores para el traslado.

La mitad de los estudiantes debe recibir sus clases bajo un árbol de Trupio o de Dividivi, porque las aulas que están construidas no dan abastos para todos. Los docentes, nombrados todos, deben hacer un máximo esfuerzo para que la atención de los niños no se vea desviada por la incomodidad o por cualquier cosa que lo distraiga.

Víctor Martínez, representante de la Veeduría por la Educación de La Guajira, organización adscrita a la Contraloría General de la República, asegura que la Asunción Temporal de la Educación de La Guajira no ha realizado esfuerzos para resolver este problema, vulnerando el derecho a la educación de los menores.

Marlina Moscote.
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“Es una manera indigna en que los niños ven las clases, estamos mandando todas estas evidencias a los organismos de Control en Bogotá para que vean las irregularidades que persisten en materia de educación, aun cuando ha venido el mismo gobierno a intervenir este sector”, dijo.

Marlina Moscote, coordinadora académica del Centro Etnoeducativo N° 14, aseguró que el personal de la Asunción Temporal no ha hecho presencia en el lugar para brindar las debidas soluciones.

“No hemos visto a la Asunción llegar aquí y darnos las debidas soluciones que necesitamos. Seguimos en las mismas, con las deficiencias de transporte, alimentación y aulas. Al menos antes, venían los de la Secretaría y alguna solución nos ofrecían”, señaló. 

Por su parte, Grisela Monroy asegura que el problema de las aulas radica en que los terrenos donde está construido ese centro Etnoeducativo no pertenecen al estado.

“No podemos invertir lo público sobre lo privado, los terrenos deben ser netamente públicos para que nosotros, a través de contratos o convenios de cooperación, podamos hacer realidad la mejora de estas aulas”, señaló.

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