En el lote ya hay viviendas construidas y aunque han tratado de realizar desalojo, pero algunos invasores no van a desocupar, por lo que han optado por negociar la tierra con el propietario.

Por Evelin Barrios Florez.

En división y controversia se encuentran los habitantes de este barrio de invasión en Riohacha, gracias a la promesa de compraventa presentada por Jorge Sprockel Mendoza, con la que afirma ser el propietario de estas tierras.

Razón por la cual, un grupo de residentes del sector en oposición a estas afirmaciones, se han unido para interponer una denuncia penal por constreñimiento ilegal en contra Sprockel Mendoza, argumentando que existe un documento que garantiza que el terreno invadido pertenece al municipio y no es de propiedad privada según ellos.

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Así mismo, manifiestan sentirse perseguidos con amenazas de desalojo y visitas de las autoridades realizando inspección ocular y solicitando licencias de construcción por parte del señor Sprockel, como represalia a las demandas interpuestas.

Carlos Ariza.

Carlos Ariza, habitante del barrio, se declaró en contra de estos procedimientos: “Hace unos años estos eran lotes baldíos, prácticamente un basurero público y por la necesidad invadimos el terreno recibiendo en inicio el apoyo de la alcaldía pero, en cuanto el alcalde fue suspendido otros aprovecharon para hacer presencia y le apareció dueño al barrio”.

Por su parte, Jorge Sprockel en su defensa asegura: “Desde el año 2008 compré al señor Héctor Griego una hectárea de este terreno, amparada con escritura pública No. 168 del 15 de abril de 1993 y poseo una promesa de compraventa que garantiza dicho acuerdo”.

“Exactamente el 12 de marzo del 2014, cuando me encontraba en proyecto de construir viviendas de interés social que era mi objetivo inicial en esta zona, varias familias invadieron mis tierras y desde allí se ha desatado todo este conflicto”.

Reitera que, gracias a la documentación legal que ha presentado la fiscalía ha fallado a su favor, contando con el apoyo de Planeación Distrital, Secretaría de Gobierno y Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana en todo este proceso.

El 27 de abril del 2017, con acompañamiento de funcionarios del Distrito y con la asistencia de más del 70 por ciento de los habitantes del barrio, se fijó un acta de compromiso donde los invasores reconocían a Sprockel como propietario.

En dicha acta, se pactó un valor de 4 a 6 millones por cada lote y así mismo, cuotas de pago mensual de 200 a 300 mil pesos durante 14 meses que les permitiría a los invasores comprar los terrenos y evitar futuros desalojos.

Jorge Sprockel Mendoza.

Un 60 por ciento de los residentes hasta este momento se han acogido a estos acuerdos, como es el caso de Yulis Osorio, líder comunal del barrio, “lo considero un acuerdo justo donde el señor Sprocker a pesar de que invadimos su territorio, nos permitió por un precio y cuotas flexibles, la posibilidad de adquirir los lotes.”

Mientras tanto, la controversia continua en la comunidad y los invasores en contra afirman que, este proceso ha estado lleno de irregularidades y están dispuestos a llevar a cabo los procedimientos legales necesarios hasta demostrar según ellos, que esta zona pertenece al municipio.

Y por otro lado Sprockel, asegura que no teme a represalias legales que este grupo minoritario de invasores pretenda llevar en su contra, ya que, “lo único que desean es mejorar su calidad de vida a costa de un inmueble ajeno.”

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