El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuando disertó sobre la situación de La Guajira. Foto: Luis Felipe Ariza, PGN.

“La peor forma de corrupción, es precisamente la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que “la clase política de La Guajira ha sido insensible a las necesidades de la población infantil”, especialmente con los niños y niñas Wayúu.

“Aquí hay una cuota de responsabilidad también para ellos (la clase política del departamento), pero el Gobierno Nacional tampoco se escapa. (…) Cada muerte por desnutrición es una tragedia humanitaria que no podemos dejar pasar”.

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En la audiencia “Problemáticas estructurales de La Guajira”, de la que también hace parte la Corte Constitucional que hace seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-3’2 de 2017, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que la clave para solucionar la violación sistemática a los derechos humanos en el departamento está en el diseño y ejecución de planes conjuntos para dar cumplimiento a las órdenes del alto tribunal.

Agregó que se debe tener la capacidad de atacar sectorialmente las diferentes problemáticas, con herramientas efectivas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, “partiendo de la base de que la peor forma de corrupción, es precisamente la violación de los derechos fundamentales”.

“Comenzará a cambiar la situación de La Guajira cuando se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional. Hay compromisos en materia de alimentación, salud, educación, agua potable y saneamiento básico que no se han cumplido todavía. Estamos listos a iniciar acciones disciplinarias si se siguen dando esos incumplimientos”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuando se encontró con el presidente Iván Duque Márquez.

Elección alcalde de Riohacha

Frente a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Riohacha, que se realizarán el próximo 2 de diciembre, tras la destitución e inhabilidad de 12 años impuesta a Fabio David Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en la contratación del PAE, que tuvo un valor superior a los 5.700 millones de pesos, Carrillo Flórez advirtió que sin importar quién llegue al cargo, el ente de control mantendrá su vigilancia sobre la correcta ejecución de los recursos de la ciudad.

“Yo siempre he dicho que no hablemos en Colombia de funcionarios públicos, hablemos de servidores públicos y uno de elección popular tiene que respetar los recursos públicos. Aquí se ha implantado la tendencia que por el hecho de acceder con unos votos, a un cargo de elección popular, se dispone a sus anchas y sin controles de los recursos públicos”, puntualizó.

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