Son muchos los venezolanos que llegan al corregimiento de La Majayura, pero algunos de ellos se marchan para otro lugar buscando un mejor bienestar.

Por Alcides Alfaro Guerra.

Las autoridades colombianas iniciaron en el fronterizo corregimiento La Majayura, una cruzada con el propósito de proveer a los migrantes venezolanos del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

En este momento, según el último censo realizado en la población, distante de la cabecera municipal a 26 kilómetros, 82 familias se encuentran alojadas en el casco urbano de la población. En sus alrededores, en el área rural en pequeñas fincas y parcelas se hallan 273 colectivos provenientes de la vecina nación, según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolano –RAMV- realizado el 2 de Junio de este año.

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Según la corregidora del poblado Kimberley López, los alimentos para los migrantes son sorteados de acuerdo al intercambio de una variedad de productos que puedan fluir por la frontera debido a su cercanía con la vecina nación.

“No es fácil, pero algunos vienen y se regresan. Otros se van y logran traer algo para vender, luego se van y se quedan una temporada en su tierra. Algunos sobreviven con la venta de artículos reciclables que comercializan en las chatarrerías, van a Maicao y venden algún animal que compran y así sobreviven a pesar de los problemas con que se tropiezan con las autoridades”, explicó la corregidora.

El censo de la RAMV es exclusivamente para ciudadanos venezolanos y ahora las autoridades colombianas buscan solucionar de alguna manera el Permiso Especial Permanente, ya que es el único documento con el cual los migrantes pueden acceder a los servicios de salud, diligenciar el Sisben o conseguir un empleo.

Una de las ventajas de los migrantes que llegan a La Majayura, es que allí se encuentran con muchos compadres, familiares o parientes y logran alojarse donde los conocidos, así les toque refugiarse hasta cuatro familias en una sola casa, situación que se ha evidenciado según un documento de Naciones Unidas. Las  otras familias se van a las fincas, mientras que otras viven en espacios públicos como en el C.D.I., donde habita una madre con cinco niños; también en otro espacio del Estado que se conoce como la Casa de la Planta, donde se amparan varias familias.

La corregidora solicitó públicamente la vinculación de todas las entidades para blindar la población de un brote de  inseguridad, debido a que no todos los migrantes se censaron por razones desconocidas. 

“No me ha tocado fácil, porque hay muchas personas mal intencionadas que cierran las puertas mientras toco. Es triste y difícil, pero aquí estamos trabajando y luchando, de alguna u otra manera para ver al pueblo mejor. Si no logramos los objetivos ahora con este cargo, seguiremos luchando, estudiando y preparándonos aprovechando la juventud para poder conseguir cosas más importantes para el futuro”, expresó López.

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