El último Consejo de Seguridad se realizó en la mañana de este sábado en la Policía Nacional

Tras los continuos hechos de sangre ocurridos en esta ciudad, el pueblo riohachero exige una reacción inmediata de las autoridades de Policía y de las mismas autoridades civiles, tanto del Distrito como del mismo Departamento.

Estos hechos han dejado nueve personas fallecidas en seis días. Situación que no se había presentado en este Distrito desde hace mucho rato. Por otro lado, se han presentado dos muertes en accidente de tránsito y un menor herido en estado crítico por imprudencia en la manipulación de arma de fuego.

Sobre estos hechos, el alcalde Juan Carlos Suaza le solicitó el comandante del batallón Cartagena, Teniente Coronel Alejandro Saavedra González que le ayudara con la recuperación del orden público.

Ante esta realidad le sugirió que con su tropa militarizara la ciudad, pero no fue posible, por otra parte, una nueva propuesta surgió en el Consejo de Gobierno la cual consiste en la realización de operativos en coordinación con la Policía.

Desde el primer hecho de muerte ocurrido el pasado ocho de diciembre a la fecha, los medios de comunicación no han conocido los resultados de ese primer Consejo de Seguridad y ni mucho menos las estrategias que se buscarían para controlar al Distrito.

El segundo Consejo de Seguridad Ampliado  se realizó la mañana de este sábado liderado por Ronal Gómez,secretario de Gobierno, alcalde encargado, con varias conclusiones.

Por un lado la Fiscalía dispondrá de un fiscal a parte de los fiscales de URI, para apoyo y acompañamiento permanente de la policía y que sean efectivas las actuaciones.

Por otro lado, la Alcaldía se compromete a revisar la posibilidad de aumentar las sanciones de las restricciones de motocicletas en el horario establecido en cuanto a las multas económicas y de inmovilización.

De igual modo, las autoridades se comprometen en redoblar los controles que se han efectuado en los últimos días con acompañamiento del Transito.

También las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos más,  por quien entregue información sobre los móviles de los últimos  hechos delictivos y también se le pide al Gobierno Nacional la atención del Distrito para resolver los inconvenientes presupuestales y necesidades que cuenta el Distrito en temas de seguridad y orden público.

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