Así se vio la protesta de escoltas frente la Procuraduría General de la Nación.

Si bien es cierto que el oficio de los líderes sociales tiene como rutina salir a las calles a escuchar las necesidades y ser mediadores de la gente con las instituciones, muy lejos del oficios del hogar, por lo  que se hace indispensable el uso de escoltas o personal de seguridad para resguardar su integridad física debido a los riesgos que éstas tareas acarrean.

La disposición del personal en el desempeño del oficio está siendo frenado por la inexistencia de contratación y suministro de herramientas de trabajos en óptimas condiciones, cansados por la situación decidieron marchar en protesta la mañana de este martes en la avenida de Los Estudiantes, con rumbo hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación.

«Vivan las justas peticiones de las intersindical», escribieron los integrantes de la protesta en una marcha que recorrió las inmediaciones de 4 Vías. Los escoltas también estuvieron acompañados por líderes sociales de la etnia Wayúu del Distrito. 

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José Antonio Gómez, subdirector de la Sintrasecol de La Guajira, aseveró que la protesta se debe a la desigualdad en la contratación del personal de seguridad y las armas que están facilitando en la actualidad para la labor perdieron vigencia de uso desde hace 10 años atrás.

Gómez  indicó: «Estas falencias se están viviendo desde hace cuatro años en adelante, porque antes los desplazamientos y las autorizaciones se daban por adelantado el pago a los trabajadores. Por ejemplo, hoy nos tienen retenidos pagos desde noviembre del año pasado y nada que nos cancelan».

Los trabajadores manifestaron que están preocupados por la seguridad de los líderes sociales, ya que muchas veces tienen que irse solos a otros Departamentos y que, por ende están negando el derecho a la vida.

Leyda Cambar.

Según las declaraciones ofrecidas por la líder social, Leyda Cambar, la Unidad Nacional de Víctimas está contratando con cualquier empresa para invertir con  menos valor en la prestación del servicio, para retener los excedentes restantes para el bolsillo de los «corruptos» de la Unidad y empresas contratistas.

«Este hecho perjudica a los líderes sociales Wayúu o a las personas que son protegidas porque le cuartan el derecho del libre albedrío porque ellos quitan parte de los recursos para la movilidad de los escoltas, además de que son pagados en el justo tiempo. Para pagarlos viáticos duran de cuatro hasta cinco meses”, declaró Cambar.

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