El 2018 fue un año en el que reinó la ingobernabilidad en el Departamento, hechos que iniciaron a principios del 2017 donde las ordenes de capturas, investigaciones, destituciones y decretos enviados desde Bogotá marcaron la pauta y el rumbo incierto de las instituciones gubernamentales de los guajiros.

Estos acontecimientos sin duda señalaron la inconformidad de la población que en un mismo periodo de gobierno, 2016-2019, vivieron el desfile de ocho alcaldes para el Distrito de Riohacha, en el que Fabio Velásquez Rivadeneira tuvo tres intentos de gobierno que fueron guiados por procesos y sentencias emitidas entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de la Republica, que lo señalaban del delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos de ley, por el cual terminó siendo destituido e inhabilitado por 12 años para optar a cargos públicos.

Desde el 27 de enero del 2017 y todo el 2018 una fila de personalidades de la sociedad riohachera pasaron por el despacho de gobierno. Ocho alcaldes ostentaron dicho cargo, en cuyos periodos de gobierno solo alcanzaron a renovar gabinete y dar continuidad a algunas obras de plan de trabajo implementado por Velásquez Rivadeneira, que aún están en procesos. 

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Esta situación tuvo fin el pasado 2 de diciembre con la elección atípica celebrada, en la que resultó electo Juan Carlos Suaza Movil, quien deberá culminar el periodo de gobierno vigente, reordenando la gobernabilidad del Distrito.

Juan Carlos Suaza Móvil tomó posesión del cargo y las riendas del Distrito el pasado 7 de diciembre.

El mismo panorama se vio en el edificio de La Marina con el gobernador Wilmer González Brito, quien se ganó la confianza de sus coterráneos y fue elegido por voluntad popular para sustituir a la también destituida Oneida Pinto Pérez.

Éste solo alcanzó a gobernar dos meses ya que para el 17 de febrero del 2017, luego de un proceso de investigación realizado por la Fiscalía, fue sentenciado por un juez de funciones de control de garantías del Tribunal de Bogotá quien lo encontró culpable en los delitos de falsedad en documento público, cohecho, corrupción al sufragante y fraude procesal durante su campaña.

Desde entonces, la intervención nacional fue inevitable y correspondió al catedrático Weildler Guerra Cúrvelo le tocó dirigir al Departamento hasta el 22 de noviembre del 2017, luego de una terna integrada por miembros del partido de la U y partido Conservador el Mandatario de los colombianos nombra a Tania Buitrago González quién debía continuar hasta que regresara González Brito.

Buitrago González logró dirigir a La Guajira y reordenar internamente la administración hasta el mes de septiembre del 2018 cuando Wilmer González Brito, fue dejado en libertad luego de una revocatoria a la medida de aseguramiento emitida por el abogado defensor.

Este hecho fue de gran relevancia para la sociedad quienes manifestaron su apoyo incondicional y ofrecieron una bienvenida por todo lo alto, agradeciendo a Dios las suplicas escuchadas, pero esta felicidad solo duro unos días pues para el pasado 13 de noviembre en fallo de primera instancia, la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y 15 días de prisión al gobernador de La Guajira, quedando a orden de las autoridades, hasta entonces este proceso no se ha concretado y está como gobernador encargado Wilson Rojas Vanega.

Así mismo, el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía Marulanda, también vivió un proceso de investigación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas, donde los señalaban de pertenecer a la organización de Marco de Jesús Figueroa, alias Marquitos.

Hecho que lo hizo estar frente a un juzgado donde el juez segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías del municipio de Maicao, luego de presentadas las pruebas y argumentos tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra el exalcalde maicaero.

La actual representante a la cámara María Cristina Soto de Gómez, también estuvo en un proceso de investigación que no duró mucho, pues ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad electoral promovida por Luis Antonio Soler Gámez contra la elección de Representante.

Muy a pesar de la inconsistencia en los gobiernos los ciudadanos siguen participando activamente de las elecciones y consultas realizadas.

La demanda indica que habría incurrido en causal de inhabilidad, porque su hijo Juan Loreto Gómez Soto, se desempeñó como secretario de Despacho del departamento de La Guajira, en el mismo periodo del proceso eleccionario.

Dos de los candidatos quienes quedaron rezagados en la carrera a la Cámara de Representantes, mostraron interés en esta decisión, ya que optarían al cargo, pero dicha demanda fue negada luego de que Soto de Gómez presentara como argumento que su hijo ocupó dicho cargo hasta el 14 de septiembre de 2017.

Se espera que para este 2019 la confianza en la institucionalidad se fortalezca en los ciudadanos, quienes a pesar de la inconsistencia siguen confiando en la democracia, participando activamente en cada proceso, haciendo uso de su derecho como único recurso de hacer valer su opinión en la toma de daciones.   

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