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Ante el contralor Regional de La Guajira, José Jaime Vega Vence fueron denunciadas Alba Lucía Marín Villada y Grisela Monroy Hernández; quienes son la Administradora y Gerente o Líder del Distrito de Riohacha.

La denuncia aflora porque las funcionarias de la Asunción Temporal pudieren estar incursas en presuntas faltas disciplinarias o delitos atribuibles a la administración temporal para el servicio educativo del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.

La queja la colocaron los concejales: Aloima Miranda Arregocés, Nubia Socarrás y Rafael Hidalgo Pérez Nieves, quienes juntos con los demás cabildantes mediante acuerdo distrital número 018 de 2017 le aprobaron 143 mil 124 millones 936 mil 577 pesos para el sector educación, recursos provenientes del sistema general de participaciones, que se encuentran inmersos en el Presupuesto General del Distrito.

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Estos recursos fueron ejecutados en su totalidad por la Asunción Temporal del Servicio Educativo en cabeza de Alba Lucia Marín Villada, en calidad de administradora y Grisela Monroy Hernández, gerente del Sector Educativo en el Distrito de Riohacha.

El malestar nace porque en días pasados, en misiva recibida en el Cabildo local, las funcionarias en mención precisaron que no podían asistir a un debate de control político, porque no eran del resorte del Concejo distrital.

«Nos parece absurdo pensar que la Asunción Temporal para prestar el servicio educativo en el distrito de Riohacha goza del derecho que el decreto ley 028 de 2008 le da, pero no asume los deberes que otras normas también constitucionales y legales.

La simple lógica indica que así como tiene potestad para ejecutar el presupuesto que el Concejo distrital le aprobó, también es lógico pensar que tiene el deber de responder al control político».

En este aparente choque de trenes, los cabildantes acuden ante el Contraloría, máximo órgano de control fiscal del estado colombiano que tiene como objetivo la vigilancia del buen uso de los recursos y bienes públicos de la nación.

La misiva es para que por intermedio de la Contraloría se haga valer el derecho constitucional y reglamentario que tiene el Concejo distrital al control político sobre el presupuesto que se le aprobó, y den las explicaciones y a «hacer claridades sobre las presuntas irregularidades que a nuestro juicio podrían estarce presentando», indica la queja.

Asimismo, este medio de comunicación conoció que los concejales próximamente presentarán queja formal por la misma situación, ante la Fiscalía y Procuraduría a fin de determinar las posibles irregularidades que se estarían presentando.

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