Esa pregunta rondaba en la cabeza de muchos concejales del Distrito de Riohacha, tras quedarse sorprendidos por la respuesta que les hizo llegar la Administradora Temporal del Sector Educativo en La Guajira, Alba Lucia Marín Villada, que ahora no quiere asistir al recinto del Concejo, a explicar en que se han invertido los dineros públicos, que le ha entregado el Distrito.

En su misiva se niega a acudir al recinto José María Ballesteros, «no asistiré, toda vez que las citaciones solo proceden para los funcionarios que conforman el gobierno Distrital, situación que no sucede con el personal vinculado en el marco de una medida correctiva, que fue adoptada mediante el Compes 3883 del 2017, que retira la competencia del Alcalde para el sector Educativo».

Con esta respuesta afloran varias preguntas: ¿Porqué asistieron a los dos debates sino era objetos de control político?, ¿porqué fueron al recinto a pedir que le aprobarán el presupuesto que resultó superior a 150 mil millones de pesos?, ¿y porqué ahora no van a entregar explicación en que se han gastado esos recursos que son de los riohacheros?

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En esos dos debates llenaron el recinto, ahí llevaban comité de aplausos, integrado por: estudiantes, profesores y hasta directivos, quedando inclusive la secretaria de Educación semiparalizada, sin quien atendiera al público.

Qué irregularidades habrían cometido los concejales, quienes convocaron a los funcionarios en comento, o en su defecto, que ley disciplinaria han quebrantado los empleados con haber asistido cuando no podían hacerlo. La Procuraduría tiene la última palabra.

Para el concejal Aloima Miranda Arregoces, existen irregularidades en el manejo del Plan de Alimento Educativo, que incluso, podrían haber falsedad en documento público atinente al Plan Mundial de Alimentos.

Por su parte, la concejala Nubia Socarrás, precisa que existe fraccionamiento de contratos en la construcción de aulas en las Instituciones Educativas.

Y, finalmente el concejal Rafael Pérez Nieves asegura que la Administradora Temporal del Sector Educativo, ha violado el principio de publicación, al igual que, el manejo de la contratación del transporte público de los niños. 

Los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar cuentas de los recursos que se han sido invertidos en su administración y entonces, Alba Lucia Marín, a qué le teme. Acuérdese, que tanto los concejales como la sociedad riohachera merecen que le entreguen cuentas.

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