Grisela Monroy Hernández, Alba Lucia Marín Villada, Aloima Miranda Arregoces, Nubia Socarras Ramírez, Rafael Hidalgo Pérez Nieves.
Grisela Monroy Hernández, Alba Lucia Marín Villada, Aloima Miranda Arregoces, Nubia Socarras Ramírez, Rafael Hidalgo Pérez Nieves.
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Por posibles irregularidades relacionadas con la contratación del servicio de transporte escolar en el Distrito de Riohacha, fueron denunciados Alba Lucia Marín Villada, administradora temporal del sector Educativo del Departamento de La Guajira y Grisela Monroy Hernández, gerente de la administración temporal para el Servicio Educativo del distrito de Riohacha.

La denuncia tiene alcance penal, disciplinario y fiscal; fue impetrada por los concejales del Distrito de Riohacha: Aloima Miranda Arregoces, Nubia Socarras Ramírez y Rafael Hidalgo Pérez Nieves.

La acusación la instauraron ante Sara Elena Toro Aguilar, contralora regional de La Guajira; William Millan Monsalve, procurador regional de La Guajira y Juan Mauricio Berrío Salamanca, director seccional de Fiscalía en La Guajira.

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Los cabildantes dicen haber tenido acceso a los documentos del proceso y observan que hubo vulneración al principio de selección objetiva, «en el sentido que con los criterios de evaluación definidos se estaría cerrando el proceso a empresas grandes, con mayor capacidad financiera, pues solo estas estarían en condiciones de adquirir año a año vehículos último modelo».

Para los coadministradores del Distrito, la administración temporal pudo haber incurrido en la violación del decreto 2500 de 2010, compilado en el Decreto 1075 de 2015, de los artículos 246, 287 y 329 de la constitución política de Colombia, el convenio de la OIT número 169 de 1989 aprobado por la Ley 21 de 1991 por el estado colombiano, y el decreto 1953 del 2014 y demás normas concordantes.

Igualmente, su actuar pudo ocasionar perjuicios irremediables a las comunidades indígenas y sus estudiantes por desconocer sus usos y costumbres, convirtiéndose en generadora de conflicto e inconformidades en la población Wayúu.

También habrían violado el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que tiene que ver con fraccionamiento de contrato; porque no solamente lo hicieron con una empresa, sino que contrataron con cinco.

Esta es la segunda denuncia que los concejales hacen ante los entes de control contra las funcionarias que fueron delegadas para La Guajira a través del Compes 3883 del 2017 del Ministerio de Educación, que retira la competencia del Alcalde para el sector Educativo y son ellas las que administran las arcas de los riohacheros y a decir de los cabildantes no lo están haciendo bien.

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