Los indígenas de la sierra, especialmente, los Wiwa no estuvieron de acuerdo que se realizará la represa del río Ranchería.
Los indígenas de la sierra, especialmente, los Wiwa no estuvieron de acuerdo que se realizará la represa del río Ranchería.
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Cuando los pueblos de la Sierra –Iku (Arhuacos), Kággaba (Koguis), Kankuamos y Wiwas– se enteraron del proyecto, no tuvieron de acuerdo con este, pues dentro de su cosmovisión el río es un ser vivo en el que el agua circula como sangre por las venas, por lo que obstruirlo acabaría con su vitalidad.

Además, a lo largo de todo el cauce del río Ranchería han permanecido espacios sagrados y lugares de pagamento, a los cuales históricamente han acudido las autoridades espirituales para pedir por el bienestar de sus comunidades, desde una visión según la cual se considera que dichos sitios sagrados conectan la Sierra Nevada con el mar y con otros lugares del mundo.

Por su parte los Wayúu, aunque asumen el río como un bien común que estructura el territorio y es fuente de bienestar y subsistencia, en un primer momento no objetaron el proyecto –al igual que ciertas comunidades campesinas del lugar–, pues lo vieron como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, dadas las promesas de acueductos, riego, drenaje y acceso a la energía que les hicieron antes de la construcción de la represa.

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Pese a ese entusiasmo inicial de algunos actores presentes en el territorio, las primeras críticas surgieron al asociar el proyecto con formas de privatización del agua, pues se anticipaba que sus beneficiarios serían predios privados, con el riesgo de reducir el acceso y la disponibilidad del agua para otras comunidades étnicas o campesinas.

A pesar de la importancia vital y cultural del río Ranchería para los diferentes pueblos indígenas de la región, los estudios de factibilidad (1987) y la licitación para el diseño y la construcción de la represa (2001) continuaron sin reparos.

De hecho, y contrario a lo exigido por la ley, durante las primeras fases del proyecto no hubo un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, los cuales solo se enteraron de su existencia por la presencia de ingenieros y del personal encargado de realizar los estudios para el diseño detallado, durante 2002, época en la que se asistía a una crisis humanitaria en la Sierra Nevada en razón del conflicto armado interno.

La complicada situación de orden público –que incluía masacres, amenazas y desplazamientos masivos– afectó la capacidad organizativa y de respuesta de las comunidades de la zona ante el proyecto. Pese a ello, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta manifestaron su oposición a la construcción de la represa, logrando –hacia 2003– que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente exigieran espacios de participación y la realización de la consulta previa a Corpoguajira, entidad encargada de otorgar la licencia ambiental.

A pesar del informe y de la abierta oposición de los representantes del pueblo Wiwa en las reuniones de consulta realizadas entre marzo y mayo de 2005, en julio de ese año el Gobierno nacional declaró el proyecto Río Ranchería como “obra de importancia estratégica”, y un mes después Corpoguajira dio por cerrado el proceso de consulta previa, otorgándole la Licencia Ambiental.

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