Alba Lucia Marín Villada, Grisela Monroy Hernández.
Alba Lucia Marín Villada, Grisela Monroy Hernández.

El que Alba Lucia Marín Villada, administradora temporal del sector educativo de La Guajira, hubiese nombrado a Grisela Monroy Hernández como gerente de la secretaría de Educación del Distrito de Riohacha, para los concejales es una irregularidad que se traduce en una extralimitación de funciones.

Según los coadministradores del Distrito, el Conpes 3883, nace mediante el decreto 028 de 2008 para nombrar un administrador temporal para la medida correctiva, el cual tendrá su grupo de colaboradores como: asesores, asistentes, líderes, de la administración temporal, pero allí no se dan facultades para crear nuevos cargos en las dependencias distritales, función indelegable del concejo distrital.

En ese sentido, se denota una presunta irregularidad de Marín Villada en nombrar a Monroy Hernández, violentando el artículo 91, literal d numeral 4 de la ley 136 de 1994. Esta es la segunda denuncia que se evidencia a través de este medio de cuatro entregas que se harán.

Ese artículo 91 el cual fue modificado por el artículo 29, Ley 1551 de 2012, precisa que los alcaldes ejercerán funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

En el inciso D, manifiesta que la primera autoridad tiene la facultad de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

De acuerdo a la resolución 010 de 2017 se nombra a Grisela Monroy gerente de la secretaría de educación del distrito de Riohacha, «se ve claramente que no se está nombrando un gerente de la administración temporal, sino un gerente de la secretaría de educación distrital cargo inexistente», explica Rafael Hidalgo Pérez Nieves, concejal de Riohacha.

Esta denuncia es la segunda de cuatro que los concejales Rafael Pérez Nieves, Nubia Socarras y Aloima Miranda, pusieran en conocimiento de las autoridades como la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, hecho que se habría cometido en el año 2017.

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