Grisela Monroy Hernández
Grisela Monroy Hernández.
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El que se hubiese contratado con el Plan Mundial de Alimentación, PMA para suministrar el Plan de Alimentación Escolar PAE en el departamento de La Guajira, incluyendo el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, tiene enredado a funcionarias del ministerio de educación nacional en el Departamento.

Se trata de Alba Lucia Marín Villada, administradora temporal del servicio educativo para el Departamento y Grisela Monroy Hernández, gerente de la administración temporal para el Servicio Educativo del Distrito de Riohacha.

Con este convenio las involucradas habrían celebrado indebidamente el contrato y también falsificado documentos que hacen parte de las evidencias que reposan en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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El contrato se hizo teniendo en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y dada la experiencia, capacidad técnica, de cooperación y en atención a la naturaleza jurídica del PMA como organismo internacional adscrito a las Naciones Unidas.

Alba Lucia Marín Villada
Alba Lucia Marín Villada.

El convenio de cooperación internacional se suscribió de manera directa por un valor de 24 mil 540 millones 865 mil 938 pesos, de los cuales el PMA solo aportó 1025 millones 174 mil pesos.

En Colombia para contratar con organismos internacionales se debe tener en cuenta el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 que establece que, en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50 por ciento con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

Igualmente, manifiesta que, en caso contrario se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.

En ese sentido, las funcionarias habrían violentado la ley 80 porque el contrato debía someterse la licitación pública si se tiene en cuenta que solo el PMA aportó menos del 6 por ciento, mientras que el Distrito de Riohacha participó con más del 94 por ciento.

Igualmente, fueron acusadas por los concejales de Riohacha: Aloima Miranda, Nubia Socarras y Rafael Hidalgo Pérez Nieves por el delito de falsedad en documento público; porque en el convenio existe una firma que no corresponde a la persona que inicialmente firmó el contrato.

Los cabildantes fueron llamados por parte de la Fiscalía a que ampliaran su denuncia, asistiendo solo el concejal Aloima Miranda, los demás servidores no pudieron asistir y esperan que el año entrante se les escuche su versión para darle curso a esta denuncia de carácter penal.

La Guajira Hoy, trató de conocer las versiones sobre este hecho de las dos funcionarias a través del comunicador social asignado para el enlace con los periodistas y no fue posible.