El polvillo que genera la operación carbonífera tiene en problemas a la multinacional Cerrejón.
El polvillo que genera la operación carbonífera tiene en problemas a la multinacional Cerrejón.
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Un nuevo requerimiento le hizo la Corte Constitucional a la empresa Cerrejón para que adopte medidas para minimizar el polvillo de carbón que en la actualidad viene afectando al resguardo indígena Provincial, que se encuentra a escasos dos kilómetros de la explotación del mineral.

Esta decisión nace en respuesta a una Acción de Tutela que instauraron dos integrantes del Resguardo: Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, quienes le solicitan al Alto Tribunal la protección de sus derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano. Igualmente manifestó la Corte que, la decisión debe ser traducida en Ingles para hacérselas llegar a los propietarios de la empresa carbonera.

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En su decisión, la Corte manifiesta que, el polvillo supera los límites exigidos a nivel nacional e internacional, afectando el suelo y cuerpos de agua, a la exposición constante de la flora y fauna a sustancias contaminantes y a la generación de mezclas complejas de químicos y gases que podrían ser causantes de diversas enfermedades a los integrantes de la comunidad.

En ese sentido, la Corte le ordena a la Empresa que debe implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de la comunidad Provincial de sufrir afectaciones a su ambiente sano, que realice limpieza de polvillo de carbón en la comunidad y disminuya el nivel de ruidos que producen sus operaciones.

El polvillo que genera la operación carbonífera tiene en problemas a la multinacional Cerrejón.La Corte recriminó a Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que aunque corroboraron el incumplimiento de Cerrejón, no adoptaron las sanciones correspondientes. Estas deben implementar mecanismos de medición independientes y eficaces respecto a la calidad del aire y el agua en la zona, así como estrategias de supervisión participativas y estrictas que garanticen los derechos de la comunidad.

Ordenó la creación de una Comisión Técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, con el fin de establecer los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad e identificar las alternativas que existen para prevenir y corregir tales riesgos de manera definitiva.

Asimismo, dicha Comisión deberá remitir sus conclusiones a la comunidad y a la empresa para que se definan las medidas a adoptar con base en los procesos de consulta previa o de consentimiento previo, libre e informado.

Comunicado de Cerrejón

La empresa acata la Ley y cumple las decisiones judiciales. En relación con el fallo de la Corte Constitucional en mención, Cerrejón está a la espera de recibir la notificación del mismo con el fin de conocer su contenido y desarrollar las acciones o medidas que correspondan.

Precisó que, es un operador responsable que ha llevado a cabo su actividad de buena fe durante tres décadas en La Guajira, tiempo en el que ha estado enfocado en la adopción de las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y compensar cualquier impacto que pueda generar su operación.

La Compañía cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento de la regulación vigente, que ha ido evolucionando durante más de 30 años de operación para asegurar una gestión adecuada de impactos.

Dentro de las medidas de control preventivo, por ejemplo, «tenemos un sistema de monitoreo de la calidad del aire que permite tomar decisiones de manera preventiva. Para hacer seguimiento a esta actividad, un comité veedor, del que forma parte el resguardo de Provincial, analiza el desempeño ambiental de las operaciones de Cerrejón».

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