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Con la reforma al régimen de las regalías que se aprobó mediante el Acto legislativo 05 de 2011, el Departamento pasó de recibir 892.000 millones de pesos como regalías directas en 2011, último año del régimen anterior, a recibir sólo 367.544 millones como asignación directa el primer año de la entrada en vigencia de la reforma.

Desde entonces, el Departamento ha tenido en la inflexibilidad que representa el pago de sus obligaciones, especialmente los más de 20.000 millones de pesos anuales de abono al famoso crédito de los USD 90 millones con el Banco Mundial, dizque para financiar la “revolución” del agua potable. Ello compromete seriamente su viabilidad y sostenibilidad fiscal.

En junio de 2016, el propio ministerio de Hacienda aconsejó “la adopción de medidas que mitiguen el impacto causado por la deuda en la disponibilidad de recursos de la Gobernación”. Más, sin embargo, ya sea por falta de gestión por parte del Departamento y/o por falta de voluntad política del Gobierno Nacional tales medidas no se han tomado.

Según estudio reciente de la ONG Crudo Transparente, coordinado por Danna Rodríguez, al evaluar la ejecución de las regalías en el Departamento, dice que “resulta preocupante que el 38 por ciento de los recursos aprobados han sido destinados al cumplimiento de compromisos adquiridos en vigencias pasadas, inflexibilidades. Estas inflexibilidades corresponden a obligaciones adquiridas por las entidades territoriales con anterioridad a la vigencia fiscal 2011, antes de entrar en vigencia el SGR en 2012, que reemplazó el sistema de transferencias anterior”.

Como puede colegirse, por cuenta de esta deuda y el servicio de la misma, al Departamento de La Guajira le descuentan de los recursos de asignación directa de las regalías del SGR el 38 por ciento, afectándose enormemente el espacio fiscal para poder hacer las inversiones que tanto requiere.

Esta situación se ha venido a agravar con la crisis actual que afronta el país, de la cual no escapan las regiones, por la pandemia del Covid-19, que le está demandando mayor gasto a la Nación y a los territorios, al tiempo que con la caída libre de los precios del petróleo y el carbón se verán sumamente menguados los recursos provenientes de las regalías, los únicos recursos ciertos con los cuales podemos contar para financiar proyectos de inversión en los departamentos.

Por las razones anteriormente expuestas, nos hemos permitido solicitarle al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que, en consideración a la actual emergencia sanitaria, económica y social, se sirva considerar nuestra solicitud de tramitar ante las directivas del Birf una condonación o reestructuración del saldo de 60.000 millones de pesos pendientes, ya sea mediante una moratoria y/o rebaja de la tasa de interés, amén de la cobertura del riesgo cambiario.

Por su parte, el Departamento se podría comprometer a que los recursos que se liberen de este modo tengan la misma destinación del crédito, aplicándolos para apalancar los recursos del crédito que por USD 50 millones está tramitando el Gobierno Nacional, para financiar el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira.

Ello es urgente, dado que, como lo muestra el Presidente de la Federación Nacional de Departamentos Carlos Camargo, “el impacto en las rentas territoriales se ha agudizado, debido a la disminución en los ingresos de la población, por desempleo, y a una menor actividad productiva: cierre de establecimientos, hoteles, bares y restaurantes; parálisis del comercio; disminución de la contratación territorial”.

Según estudio adelantado por la Federación de Departamentos, los ingresos corrientes de estos, provenientes especialmente del recaudo del impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, han caído un 45 por ciento con respecto a igual período del año anterior. Ello, a consecuencia de la medida de confinamiento que tomó el Gobierno para contener el avance de la pandemia del Covid–19. Por esta razón, le dirigió una comunicación al Gobierno central requiriendo su apoyo para que los departamentos “puedan atender sus créditos y mejorar la sostenibilidad y solvencia para el pago de sus obligaciones”. Es decir, que La Guajira no es el único Departamento que está con el agua al cuello y en su requerimiento de apoyo al Gobierno Nacional.

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