La comunidad indígena wayuu del territorio de Arroyo Guerrero, en Riohacha, elevó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares urgentes. En el escrito la señora Clarena Fonseca Uriana, una reconocida lideresa indígena, quien se considera víctima en riesgo inminente junto a su familia y autoridades tradicionales.
La solicitud fue radicada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, y manifiesta las graves afectaciones generadas por el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR-Riohacha). Según los denunciantes, avanza sin consulta previa, sin estudios ambientales claros y con documentación incompleta que termina vulnerando derechos fundamentales.
Consejería Presidencial reconoce la gravedad de lo expuesto
La petición también fue remitida a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional, donde la asesora Jenny de la Torre Córdoba confirmó la recepción del caso. La funcionaria reconoció que la situación evidencia una afectación estructural y sistemática contra las comunidades wayuu y que compromete la responsabilidad del Estado colombiano frente a sus obligaciones internacionales.
En su respuesta, la Consejería expresó que hará seguimiento a lo planteado por la CIDH y que adelantará las gestiones que estén dentro de su competencia. Asimismo, destacó que las omisiones, respuestas fragmentadas y actuaciones administrativas irregulares denunciadas son contrarias a los estándares de protección de pueblos indígenas y por ello requieren atención inmediata.
Empresa defiende proyecto y Asamblea respalda su desarrollo
Por su parte, la gerente de la empresa Espegua, Andreina García Pinto, aseguró que el ministerio del Interior notificó que la comunidad de Arroyo Guerrero no era sujeto de consulta previa, razón por la cual no se adelantó dicho procedimiento. Añadió que las aguas residuales serán tratadas antes de ser descargadas al mar Caribe, utilizando como vehículo al arroyo Guerreo con el fin de reducir riesgos ambientales.
En paralelo, la Asamblea de La Guajira aprobó la Ordenanza 606 de 2025, que faculta al gobernador Jairo Aguilar Deluque para declarar de utilidad pública e interés social inmueble destinado al proyecto de la PTAR. La iniciativa fue firmada por el presidente de la corporación, Daniel Ceballos Brito, consolidando el respaldo político e institucional al avance de la obra.
