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En Tomarrazón y pueblos aledaños, los estudiantes siguen sin transporte, incluso después de la protesta con cierre del acueducto
Después de las protestas realizadas por padres de familia y estudiantes del corregimiento de Tomarrazón, quienes bloquearon la bocatoma del acueducto y cerraron las compuertas que permiten el paso del agua hacia Riohacha como mecanismo de presión para exigir transporte escolar, las comunidades regresaron a sus veredas con la esperanza de que el problema se solucionaría. Pero no fue así.
Más de 300 niños del corregimiento La Gloria y veredas vecinas siguen esperando el regreso de las camionetas que los transportaban a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazón. Algunos de estos trayectos son de hasta diez kilómetros, como el de un adolescente con discapacidad que vive en La Gloria y tiene movilidad reducida en un brazo y una pierna.
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Este joven representa el rostro más dramático de una situación que afecta a cientos de estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos víctimas del conflicto armado, quienes hoy enfrentan una múltiple vulneración de derechos: a la educación, a la movilidad, a condiciones dignas y a una vida en paz.
En junio, las comunidades presionaron por una solución. Pero las promesas hechas por voceros de la Alcaldía de Riohacha no se cumplieron. Así como terminó el primer semestre sin transporte escolar, comenzó el segundo sin respuesta concreta.
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Tutela en defensa de los estudiantes
El pasado 7 de julio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Riohacha admitió una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Hervin Farid Nieves Mejía, quien actuó en nombre propio y en representación de 305 adolescentes, incluyendo al estudiante con discapacidad.
En su petición, Nieves solicitó a la Alcaldía y al ministerio de Educación que, en el menor tiempo posible, se adopten medidas técnicas, presupuestales y contractuales para garantizar el acceso al transporte escolar para los estudiantes de La Gloria y demás corregimientos adscritos a la institución educativa de Tomarrazón, en coordinación con el Gobierno Nacional.
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El incumplimiento del transporte escolar también afecta el acceso al Plan de Alimentación Escolar (PAE), ya que muchos estudiantes no asisten a clases y, por tanto, no reciben este beneficio alimentario.
¿Quién tiene la culpa? Se tiran la pelota
Desde principios de año, quedó en evidencia que no había recursos para el transporte escolar. Voceros de la Alcaldía señalaron que el Gobierno Nacional no había girado los fondos, mientras desde el ministerio de Educación aseguraron que los giros se hicieron puntualmente.
Gracias a la acción de tutela promovida por Hervin Farid Nieves, con el apoyo del diputado Luis Fernando Lobo, un abogado y varios estudiantes de Derecho de la universidad de La Guajira, se logró un fallo judicial que ordena contratar el servicio de transporte. Ahora, tanto la Alcaldía como el Ministerio están obligados a cumplirlo.
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Un problema de presupuesto y planeación
El fondo del problema es presupuestal: hacen falta más de 10 mil millones de pesos para cubrir el servicio. Aunque no es fácil reunir esa cantidad, cabe preguntarse si hubo fallas en la planeación. ¿Los funcionarios de la Alcaldía hicieron estudios adecuados al definir el presupuesto? ¿Los concejales revisaron correctamente el rubro del transporte escolar? Si el déficit ya existía, alguien falló en los cálculos.
Un detalle importante del fallo judicial es que, además de dar un plazo de 30 días a las autoridades para contratar el transporte, el Juzgado Tercero notificó a la Procuraduría Regional de La Guajira, con el fin de que investigue los hechos, incluso sin una denuncia formal contra funcionarios específicos.
