Jaider Mendoza Amaya, rector de la institución educativa Helion Pinedo Ríos, no permite la entrada de una estudiante, situación, que ni la Procuraduría Regional de La Guajira, la secretaría de Educación Distrital, el Icbf y Policía de Infancia y Adolescencia, han podido mediar para doblegar la decisión.
La estudiante tiene 7 días de no recibir clases y no puede ingresar hasta que no dirima una pelea que protagonizó en días pasados con otra educando. A ella le hacen bullying porque le reprochan que, por culpa de su acudiente Loly Luz Contreras Ávila suspendieron la jornada única.
Esta situación se ha tornado difícil a tal punto que la estudiante de grado 11, debieron cambiarla para otro salón, ya que la presión que tiene es impresionante.
A las dos jóvenes el rector Mendoza Amaya les mandó a buscar acudiente para que retomen las clases, pero siempre que han ido ha sido imposible dialogar con la máxima autoridad de la Institución.
Afirma Contreras Ávila, que el rector Mendoza Amaya, manifiesta que no las puede atender porque está ocupado, le dice que vuelvan otro día y así sucesivamente, pero las estudiantes siguen perdiendo días sin recibir clases que imparte el cuerpo profesoral.
El día martes 17 de septiembre Loly Luz Contreras Ávila, quiso explorar otras alternativas de solución y fue a la Institución con una comisión del Icbf y de la Policía de Infancia y Adolescencia para que permitiera el ingreso exigiendo derecho a la educación, y no fue posible.
Este miércoles 18 de septiembre fue a la Procuraduría Regional, donde le sugirieron ir hasta la Secretaría de Educación y allá se integró una comisión para acompañarla, pero tampoco encontró solución.
Nuevamente Contreras Ávila, se dirigió a la Procuraduría y colocó una queja ante el mismo procurador de La Guajira, William Millan Monsalve porque a la menor se le está violando el derecho a la educación.
Otra alternativa que explora Loly Luz Contreras Ávila es interponer una Tutela para que se le protejan los derechos a la estudiante, quien es menor de edad y esta sería la única alternativa que le queda dada la dificultad para garantizar el derecho a la educación de la menor, situación que no han podido mediar ni las instancias competentes.
