La iliquidez que tiene el Departamento llevó a la gobernadora a gestionar ante el Gobierno Nacional, los recursos para darle cumplimiento a los subsidios a la educación a que tienen derechos los estudiantes guajiros, quienes están cobijados con las Ordenanzas 214 de 2007, 232 de 2008 y el decreto reglamentario 205 de 2007.
Esta información se dio a conocer en el marco de una sesión del Consejo Superior, máximo órgano de decisión de la Alma Mater que concentra sus esfuerzos en las alternativas de solución a la problemática educativa por la que viene atravesando la Universidad de La Guajira.
Los recursos se gestionan ante la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, ya que el Departamento no tiene de dónde pagar los recursos, debido a que esa ordenanza nació en la época en que La Guajira administraba los recursos de regalías y era de allí que se pagaba la educación de los hijos de este departamento.
Asimismo, la administración departamental tramita ante una entidad financiera un crédito para cumplir con las obligaciones adquiridas con la universidad y poder garantizar el inicio y continuidad de los semestres académicos.
Por unanimidad, la sesión se amplía hasta el día viernes 9 de febrero, mientras las instituciones concretan acciones que posibiliten una solución pronta y estructural a la recurrente problemática de la educación superior de La Guajira.
En este sentido se espera el día viernes una respuesta a los estamentos universitarios sobre el inicio del semestre académico y sostenibilidad de la institución.
El Consejo Superior se desarrolló con la presencia del secretario de gobierno departamental, Rodrigo Elías Daza Vega; el asesor del despacho, Manuel Sierra Deluque; el delegado del presidente de la república, Oscar Gualdrón González, quien tomó posesión en el marco de la sesión; el rector Carlos Arturo Robles Julio; el representante de los estudiantes Fermín Rosas y demás consejeros.
