Rafael Ricardo Ceballos Sierra, exalcalde de Riohacha y William García Medina, gerente de Asaa.
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Luego de conocerse los hechos de corrupción de la empresa pública española Canal de Isabel II, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid y presente en Colombia por el Canal Extensia, dueño del 81.24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), con sede en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, la Procuraduría anunció que abrió indagación a dicha contratación en el país.

De acuerdo al Ministerio al parecer la empresa Metroagua, filial de la española Inassa, habría sobornado a funcionarios colombianos con los que habría celebrado contratos para la prestación del servicio de acueducto.

Por lo que en las próximas horas, se dará traslado de estos hechos a las delegadas disciplinarias, para que dentro de la órbita de sus competencias, efectúen o desarrollen las actuaciones a que haya lugar.

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Lo que involucraría a los mandatarios de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, por eso el Procurador Fernando Carrillo anunció indagación preliminar contra los mandatarios y  funcionarios que tuvieron que ver con dicho contrato. En el caso de Riohacha le correspondería al exalcalde Rafael Ricardo Ceballos Sierra explicar dicha situación.

Según la Procuraduría se pudo evidenciar que el grupo Inassa, tiene participación accionaria en algunas empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, entre las que se encuentran Triple A, Metroagua y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –Asaa-, operadoras de estos servicios en la Costa Atlántica colombiana.

Inassa actualmente tiene operación del servicio de acueducto en Riohacha a cargo de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –Asaa.

De acuerdo a la Procuraduría esta actuación se realiza con el fin de salvaguardar el patrimonio público que pueda verse en riesgo por actos de corrupción, como quiera que se trata de empresas, que si bien son reguladas por el derecho privado, las mismas administran recursos públicos.

De otra parte, tales situaciones afectan derechos de orden constitucional, toda vez que involucran la prestación de servicios públicos esenciales.

El pasado miércoles, en España fueron capturados el expresidente de la Comunidad de Madrid y otros 11 directivos por graves acusaciones de corrupción.