

Un Juez de la República en La Guajira, envío a la cárcel a Afranio Manuel Reyes Martínez, alias ‘Pedro’ que según la Policía, era el segundo cabecilla de la Estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del GAO Clan del Golfo, bajo el mando de alias 5.7.
Según la inteligencia policial, se dedicaba a coordinar y ejecutar actividades criminales para retomar el control de la Sierra Nevada y expandir su injerencia territorial hasta La Guajira, para poder manejar las rutas del narcotráfico hasta Venezuela y países de Centro América e Islas del Caribe.
Para la Policía, alias ‘Pedro’ generó desplazamiento forzado a mediados de abril del presente año, fueron de alrededor de 600 personas en la vereda La Secreta, jurisdicción del municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, por confrontar contra el grupo delincuencial organizado Los Pachencas y determinador de la incineración de vehículos en el departamento del Magdalena.






Afranio Manuel Reyes Martínez fue integrante de las extintas AUC desde el año 1999, iniciando en el municipio de San Pedro del Urabá, hizo parte del bloque Montes de María, luego, para el año 2002 pasó a ser comandante de zona del Bloque Resistencia Tayrona, bajo el mando de alias Hernán Giraldo con injerencia en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, municipio de Ciénaga. Era conocido con el alias de Saavedra u ocho uno (8.1).
Fue condenado a prisión desde el año 2006 hasta el año 2019, por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos, tales como homicidio, desaparición forzada, tortura entre otros, el más grave fue la desaparición y posterior ejecución de dos femeninas, Leonor Acosta Arias y María Isabel Rolón Ochoa, en el año 2005.
Gozaba de beneficios de sustitución de medida por una condena a 40 años de prisión, por parte del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, desde el año 2020, donde alias Pedro se había comprometido a resocializare, con advertencia que no podía volver a la Sierra Nevada ni sitios donde había tenido injerencia del Departamento Magdalena.
En ese sentido, aprovechó los beneficios otorgados, logrando obtener a mediados del mismo año 2020, la asignación de un esquema de protección por parte de la UNP, correspondiente a dos escoltas con armas y un vehículo blindado, que mantenía hasta el momento de su captura.
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria del esquema de protección y además, solicitó revocar del beneficio para que cumpla en prisión la condena, ya que habría incumplido los compromisos con la justicia.
Finalmente, el juez con funciones de control de garantías de Riohacha, decretó medida de aseguramiento intramural por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.