Otro lío jurídico se le presenta a algunos concejales del distrito de Riohacha. Antes habían superado la denuncia ante la Procuraduría Regional por haber elegido al Personero, ahora es ante el Tribunal de La Guajira, por llevarle comida a los más necesitados durante la pandemia.
Este jueves fueron notificados de una nueva demanda, esta vez por pérdida de investiduras, situación que a muchos de ellos y durante un buen tiempo no le permitirá conciliar el sueño; ya que están siendo señalados de fortalecer su imagen con recursos del Estado.
Los demandados son: Enrique Curiel de La Cruz, Jorge Mario Ureche, Óscar Peralta Bravo, Cinthya Ardila Socarrás, Luis Mario Pichón Lubo, Sandis Toro Rodríguez, Nubia Socarrás, Charles Aguilar Medina y Roger Medina Arrieta.
La petición fue admitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, a solicitud de Carlos Julio Moscote Medina, excandidato al concejo por el partido Conservador en las pasadas elecciones, quedando de tercero y le interesa quitar del camino a Enrique Curiel de La Cruz, para apoderarse de la curul, pero podría descabezar a otros concejales.
En el proceso manifiesta que los cabildantes se hicieron acompañar por miembros de la Fuerza Pública para entregar kits alimentarios a varias comunidades en diferentes sectores de Riohacha y en corregimientos.
Según la demanda, los coadministradores del Distrito asumieron su responsabilidad como contratistas o gestores como lo establece el inciso C de la cláusula sexta y numerales de la cláusula séptima del contrato número 062 del 31 de marzo del 2020.
Según Carlos Julio Moscote Medina los cabildante entregaron kits del contrato en mención el cual se ejecutó con recursos del Distrito, quien suministró evidencias físicas y testimoniales; en su defensa, los concejales deberán demostrar lo contrario.
Para Moscote Medina los concejales incurrieron en incompatibilidades sobrevinientes es decir, que estando bajo la investidura concejal no le es permitido desempeñar o realizar determinados actos, toda vez que podría estar incurso la causal de pérdida de investidura o de sanción disciplinaria.
Al final, Carlos Julio Moscote Medina, quien es abogado de profesión ha impuesto cuatro denuncias; dos antes la Procuraduría Regional de La Guajira e igual número ante el Tribunal Administrativo de La Guajira y ninguna le ha cuajado.
