Una operación liderada por funcionarios de la Dijín en coordinación con la fiscalía 4 seccional de Administración Pública de Riohacha, desmantelan banda delincuencial denominada ‘Los Talleres’, liderada al parecer por el inspector de Policía de San Juan del Cesar, en la que también harían parte dos miembros de la Policía Nacional y seis civiles.
La organización delincuencial según la Policía, estaba integrada por el profesional del derecho, Juan Carlos Daza García, quien para la época de los hechos y al momento de su captura se desempeñaba como inspector de Policía de ese municipio.
Igualmente, harían parte de esta empresa delincuencial al margen de la ley, el intendente Jhonny Enrique Castaño Pulgar; quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Básica de Investigación, Ubic de la Policía Nacional en el municipio de San Juan del Cesar.
Asimismo, el patrullero Manuel María Barros Tilles, quien se desempeñaba como miembro de la Institución Armada y su sede es el Distrito de Riohacha.
En la investigación se pudo esclarecer que ‘Los Talleres’ transportaban de manera indebida recursos naturales (carbón vegetal) quienes usando su investidura como funcionarios públicos permitían traslado por medio de transporte de dicha mercancía, el cual era llevada por civiles, mientras que los funcionarios estaban tras bambalinas.
En esta investigación se utilizó personal especializado como agentes encubiertos, pudiéndose establecer que el inspector de Policía del municipio de San Juan del Cesar, en coordinación con los policías generaban estrategias para omitir controles en el funcionamiento de establecimientos abiertos al público (máquinas de azar) en ese municipio.
Es decir, esta organización tenía dos frentes de trabajo, permitir el juego de azar y el tráfico de material vegetal. En ese sentido, tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, concusión y el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico y cohecho por dar y ofrecer.
Según el proceso, los miembros de la fuerza pública recibían promediando la suma de 10 millones de pesos mensuales. «Esta cifra variaba según la cantidad de mercancía del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales e ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, durante cada mes”, precisa una fuente consultada por LGH.
Para realizar las capturas se utilizó personal adscrito al área Investigativa Anticorrupción de la Dijín, en coordinación con Sipol de La Guajira; quienes realizaron diligencias de registro y allanamiento en el municipio de San Juan del Cesar en el Distrito de Riohacha y en las ciudades de Barranquilla y Valledupar. Los nombres de los civiles no fueron suministrados por la autoridad responsable del operativo.
