Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, para que responda por presuntas irregularidades en contratación durante el periodo en el que estuvo de la Gobernación de La Guajira.
En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario el delito: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros. Este hecho se habría cometido entre junio de 2014 – diciembre de 2015.
Estos hechos están relacionados con supuestas anomalías detectadas en el trámite, celebración y liquidación de dos contratos; el Plan de Alimentación Escolar y el Transporte Escolar.
En ese tiempo, el gobernador contrató con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el 19 de marzo de 2015. Tenía por objeto el suministro de complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de 15 municipios, durante 125 días.
Al contrato se le hizo una adición, siendo su valor total de COP $41.064’418.760. En todo el proceso se habrían presentado múltiples inconsistencias, entre estas, 11 supuestas deficiencias en los estudios técnicos y de precios que, al parecer, no sustentaban los costos, números de raciones previstas, instituciones y cantidad de alumnos beneficiados, entre otros aspectos.
En las verificaciones se acreditó que el departamento de La Guajira pagó COP $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de COP $971 unidad. De otra parte, por almuerzo el departamento pagó COP $2.097, por encima de los COP$1.320 establecidos por el Gobierno Nacional. Finalmente, la Fiscalía determinó que a la fecha el contrato no ha sido liquidado.
Por su parte, el contrato del transporte escolar fue suscrito el 6 de mayo de 2015 con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’, y buscaba garantizar la prestación del servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos. Su valor ascendió según la Fiscalía a COP $9.310.604.160, con un plazo de ejecución de 88 días.
Para el ente investigador, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal.
Llamó la atención para la Fiscalía que, para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso en el departamento del Cesar.
