La creciente inseguridad rural volvió a encender las alertas en el sur de La Guajira, luego de que una finca ubicada en el sector Villa del Río, en San Juan del Cesar, fuera escenario de un nuevo caso de abigeato. Tres hombres ingresaron en la madrugada, robaron dos reses y las sacrificaron en un terreno aledaño. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
En la grabación se observa cómo dos individuos se acercan a un costado de la cerca y, con maniobras rápidas, logran abrir el acceso al corral. Mientras uno trabaja en las cerraduras, el otro mantiene vigilancia del entorno, evidenciando una operación coordinada. Minutos después aparece un tercer sujeto que se suma al traslado de los animales hacia un potrero vecino, donde finalmente los sacrifican fuera del alcance de las cámaras.
Los dueños del predio descubrieron la escena al amanecer: restos óseos y vísceras dispersas, marca dolorosa de un delito que castiga no solo la economía rural, sino también la estabilidad de las familias que viven de la ganadería.
Le puede interesar: Institución en Riohacha es beneficiada con proyecto piloto de educación ambiental
Aunque el valor comercial de cada res ronda los $6 millones, el verdadero impacto es mucho mayor. Un ejemplar en plena etapa productiva puede generar hasta diez crías a lo largo de su vida útil, además de aportar a la producción lechera. Este potencial sitúa las pérdidas en cerca de 170 millones por animal, lo que en este caso eleva el daño económico por encima de los 300 millones.
El golpe financiero se agrava por la obligación de reforzar la seguridad en el campo. Productores de la zona coinciden en que la inversión en cámaras, cercas electrificadas, iluminación y vigilancia privada se ha convertido en una carga más, en medio de los ya elevados costos operativos que enfrenta el sector.
Desde lo jurídico, especialistas recuerdan que este hecho configura el delito de abigeato en la modalidad de arreo, contemplado en el Artículo 243 del Código Penal, con penas que pueden oscilar entre 60 y 132 meses. La participación de varias personas y el sacrificio de los animales constituyen agravantes establecidos en el Artículo 243-A, lo que podría incrementar aún más la sanción.
Le puede interesar: Concejal de Fonseca enfrenta denuncia por presunto conflicto de intereses evidente
Ante la situación, voceros de Fedegán solicitaron a las autoridades intensificar las acciones de control en zonas rurales y fortalecer las rutas de respuesta para los ganaderos afectados. También recordaron la importancia de denunciar y de utilizar herramientas como la aplicación Seguridad Ganadera, diseñada para reportar hechos delictivos y hacer seguimiento a los riesgos de la región.
