La mujer policía quien fue capturada en medio de una ceremonia que se realizaba al interior de la Institución armada en Bogotá, resultó ser oriunda del departamento de La Guajira.
Se trata de Dana Carolina Morales Palma, de 27 años de edad, patrullera de la Policía, quien podría ser destituida de su cargo ya que en audiencia pública aceptó los cargos de peculado por apropiación, fraude procesal, desobediencia, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa.
Estos delitos se los imputó un fiscal delegado del Fiscal General de la Justicia Penal Militar y Policial porque desvió cerca de 300 millones de pesos aprovechando su cargo en el área financiera de la dirección Administrativa y Financiera de la dirección general de la Policía Nacional.
Morales Palma es contadora pública egresada de la universidad de La Guajira, fue capturada el 14 de diciembre en las instalaciones de la dirección de la Policía Nacional por un grupo de investigadores de la Policía Judicial (Dijín), que desde el 12 de noviembre habían recibido la denuncia por parte de la misma Policía.
Le podría interesar:Capturan funcionario de CorpoGuajira y varios beneficiarios de millonario desfalco a la entidad
Un investigador manifestó a Eltiempo.com que, por tratarse de una acción delictiva en servicio, fue asumida de inmediato por el Fiscal de la Justicia Penal Militar y Policial que apoyó a la Dijín, que adelantó las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por espacio de dos días.
«Nuestra preocupación era que la patrullera, al parecer informada de la investigación en su contra unos días atrás, tratara de borrar los procesos y la información de sistemas, por lo que se ejecutó la captura de inmediato«, aseguró una fuente enterada del caso a Eltiempo.com.
De acuerdo con el documento, la patrullera, «valiéndose de su cargo y función, realizó unas transacciones de pago a favor de terceros como acreedores varios a través de los sistemas de información SIIF Nación II, propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y SAP, del ministerio de Defensa«.
Es así como los investigadores a cargo del proceso lograron establecer que Morales Palma ejecutó «el pago de cuatro transacciones por un valor total de $ 286’376.656,46 y el trámite en proceso para el pago de $ 75’000.000, los cuales no fueron consumados debido al control y verificación realizado por la misma entidad«.
El grupo de investigadores logró establecer que la patrullera hizo los pagos a supuestos acreedores, pero nunca los registró como lo ordena la ley, pues no se encontraron los soportes «en el ítem pago acreedores a beneficiario final y consideraciones subsiguientes«, por lo que se infiere que la funcionaria se benefició de los mismos.
La contadora pública es oriunda del distrito de Riohacha, quien relacionó varios pagos irregulares a nombre de cinco civiles como acreedores, quienes son oriundos de La Guajira. También se investiga si en el entramado existen otros uniformados de la Policía.
