Según Rojas Uriana la Fiscalía ha sido apática para identificar y capturar a los determinadores y autores materiales del crimen.
Después de haber transcurrido 37 días de producirse la muerte del escolta de la Unidad Nacional de Protección, Aristides Movil Urariyú, quien estaba adscrito al esquema de seguridad colectivo de la organización no gubernamental Shipia Wayuu, garante de los Derechos Humanos en varias zonas de la Alta Guajira, nada se ha avanzado en la investigación para determinar autores materiales e intelectuales.
Así fue revelado por el líder de la organización Javier Rojas Uriana, quien indicó que pese a las múltiples solicitudes que han presentado ellos y otras organizaciones, la Fiscalía hasta el momento no tiene algo que mostrar sobre lo que se planteó como un atentado que estaba dirigido era en contra de Javier Rojas, pero por las estrategias empleadas por ellos no lograron hacerle daño.
“Lo más lejos que han llegado ha sido a indicar que existe la posibilidad de que sea resultado de los conflictos que mantienen constantemente los miembros de esta etnia cuando se disputan derechos sobre la tierra o sobre sus animales”, dijo el líder Rojas Uriana quien desde entonces debió redoblar su seguridad por cuenta propia para evitar sorpresas.
Según el líder amenazado, las autoridades no han tenido en cuenta los hechos violentos que antecedieron al atentado que se perpetró el 28 de septiembre y que tres días después provocó la muerte del escolta quien había quedado herido de gravedad.
“Siempre nos han estado hostigando los que no están interesados en que continuemos presentando las denuncias por los hechos de corrupción que desbordan la institucionalidad y generan cada semana y cada mes muchas muertes de niños de los sectores más vulnerables”, dijo.
Hemos visto como las instituciones del Estado han mostrado apatía para esclarecer este homicidio, pero con profundo entusiasmo recibimos la intención de organizaciones de Derechos Humanos del orden internacional que están trabajando para que los líderes sociales de Colombia no sigan siendo asesinados y para que los determinadores de las muertes y los autores materiales de las mismas paguen sus delitos conforme lo disponen las leyes del país.
