En el corregimiento de Monguí, fue perpetrada la masacre a la familia Acosta Brito en el año 2005 y se culpa la participación de agentes del Estado, integrantes del Ejército Nacional.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP investigará el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil en el departamento de La Guajira.

El nuevo caso se denomina: “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano», así lo indicó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Los territorios más críticos en donde preliminarmente se concentrará la investigación del caso 08 son: el Gran Magdalena (Cesar-La Guajira-Magdalena) siendo esta una de las cinco zonas que fueron priorizadas a partir de la magnitud de la victimización, el impacto diferenciado de los crímenes, la representatividad de los presuntos responsables, la gravedad de los hechos y la relevancia de los mismos.

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A través del caso 08, esta Jurisdicción investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019. Es decir, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05).

A partir del análisis de los informes presentados a la JEP, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

Uno de los casos más sonados en el departamento de La Guajira, ocurrió en horas de la noche del 9 de mayo de 2005, en el corregimiento de Monguí, distrito de Riohacha, cuando un grupo de 20 paramilitares del Bloque Norte de las Auc llegaron en un camión; quienes ante la población se identificaron como miembros de la seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Nacional y asesinaron a cuatro personas.

Las víctimas fueron Elida Beatriz Brito, Manuel Acosta Brito y Gersel Yohan Pinto, quien era el chofer de las dos primeras personas. Acosta Brito alcanzó a reaccionar asesinando a Rolando Alfonso Linero Guerrero, quien tenía entre sus pertenencias un documento expedido por el Ejército que lo acreditaba como cooperante, un carnet de soldado profesional y el permiso para el porte de armas de la nueve milímetros.

Los cuerpos fueron recogidos y traídos a  la morgue de Riohacha, después de haber sido sepultados, llegaron hombres armados a la residencia de la sepulturera y la obligaron a entregar el cadáver de Linero Guerrero el cual fue sacado de Riohacha y se desconoce dónde fue sepultado.

Igualmente, se requiere esclarecer qué posible participación tendrían agentes del Estado en la muerte del profesor Iván Muñiz, hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2003 cuando fue ultimado a tiros en Riohacha.

Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macrocriminales identificados hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes: 1) Crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes; 2) Crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares; y 3) Crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.

El caso 08 también se instruirá a partir de lo avanzando por la jurisdicción ordinaria. En particular, por Justicia y Paz, y también por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco del mecanismo de contribución a la verdad establecido en la Ley 1424 de 2010.